TC analiza nueve acciones de inconstitucionalidad contra nuevo Código Penal dominicano

El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana mantuvo en estado de fallo nueve acciones directas de inconstitucionalidad dirigidas contra disposiciones del nuevo Código Penal (Ley 74-25) y el Código Procesal Penal (Ley 97-25), como parte de una jornada que incluyó el análisis de 19 expedientes en total.

El magistrado presidente Napoleón Ricardo Estévez Lavandier anunció la decisión tras escuchar las conclusiones de los accionantes, representantes de la Procuraduría General de la República, abogados del Senado y la Cámara de Diputados, así como de intervinientes voluntarios que participaron en el proceso.

Entre los casos pendientes de decisión, destaca la acción presentada por la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (Colesdom) y Rosalba Karina Díaz Crisóstomo contra el artículo 173 del Código Penal, que busca la inclusión explícita de la orientación sexual como categoría protegida frente a la discriminación.

Según explicó el abogado Roberto Acevedo Martínez, en representación de las accionantes, la norma impugnada actualmente vigente no menciona la orientación sexual entre las categorías protegidas, lo que constituye una omisión legislativa que vulnera principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

El letrado solicitó al TC declarar admisible la acción y, en cuanto al fondo, emitir una decisión interpretativa que corrija dicha omisión, garantizando un acceso inclusivo a la justicia constitucional.

En contraste, el abogado Juárez Castillo, quien intervino de manera voluntaria, pidió al tribunal rechazar íntegramente la acción, argumentando que es improcedente, mal fundada y que el artículo 173 es conforme a la Constitución.

Durante la audiencia, decenas de personas se congregaron en la Plaza de la Bandera, frente al alto tribunal, en apoyo a la acción de Colesdom y Díaz Crisóstomo, mostrando el interés público generado por el caso.

Otras acciones reservadas para fallo incluyen las presentadas por Ricardo Augusto Ripoll García y Eduardo Daniel Sánchez Tolentino contra varios artículos del Código Penal (192, 208, 209, 210, 211 y 310), así como la de Fernando Almonte Almonte, que impugna disposiciones similares junto con los artículos 311 y 379.

También quedaron en estado de fallo la acción de amparo de Guillermo Andrés Castillo Cueto contra el párrafo IV del artículo 29 de la Ley 97-25 (Código Procesal Penal) y la presentada por el Colegio Médico Dominicano (CMD), que cuestiona los artículos 8 (párrafo I), 12 y 354 (párrafo I) del Código Penal.

Además del bloque penal, el TC dejó en estado de fallo seis acciones vinculadas a materia electoral, incluyendo los casos TC-01-2026-0024, TC-01-2026-0029 y TC-01-2026-0038, dirigidos contra normas emanadas del Congreso Nacional, así como el TC-01-2026-0039 (promovido por el ODIPJ) y el TC-01-2026-0043 (de Puedo Unidad Electoral Dominicana).

Se conoció además el TC-01-2026-0030, presentado por un grupo de ciudadanos contra actuaciones del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Comisión de Justicia Electoral del PLD.

La audiencia contó con servicio de interpretación en lengua de señas para garantizar la participación de personas con discapacidad auditiva y motora.

Otros temas abordados incluyeron residuos sólidos (dos acciones contra la Ley 225-20), medioambiente (acción de Asoprocaso y Ripoll García contra la Junta de Vocales de Cabarete), lavado de activos (acción de Ramón David Hernández contra las Ley 155-17 y 340-22), legislación de drogas y salud (expedientes de Affe Gutiérrez Gil y Farma Value RD), y derecho laboral, registro inmobiliario y facturación electrónica (acciones de Martín Hidalgo Rodríguez y otros).