Solo 1 de cada 10 familias conoce el paradero de un desaparecido en RD

Un informe del Defensor del Pueblo revela que apenas el 10% de las familias de personas desaparecidas en República Dominicana conoce el paradero de su ser querido, lo que evidencia una profunda falla en la comunicación y el seguimiento por parte de las autoridades.

El estudio, titulado "Diagnóstico Integral sobre Desapariciones No Voluntarias en República Dominicana", se basó en entrevistas a 74 representantes de familias de personas desaparecidas desde 2020 hasta 2025. Aunque el caso de Ángel Alfredo Nicacio Tejeda, desaparecido desde el 12 de septiembre de 2023, no fue incluido directamente en el análisis, su situación refleja las tendencias identificadas en el informe.

Los jóvenes adultos son el grupo más afectado: el 30% de las víctimas de desapariciones no voluntarias son menores de 30 años, con el rango de 20 a 29 años representando el 28.1% del total. Las personas entre 30 y 39 años constituyen el 18.8%.

Además, un 18.8% de los desaparecidos son adultos mayores de 60 años, muchos de ellos con diagnóstico de demencia o Alzheimer, lo que los convierte en un grupo particularmente vulnerable.

Según el informe, el 54.5% de las familias nunca recibió información sobre el caso de su ser querido tras presentar la denuncia, quedando en un limbo informativo. El 53% calificó el proceso de denuncia como difícil o muy difícil, citando requisitos excesivos, trabas burocráticas y, en el 19% de los casos, la negativa directa de las autoridades para aceptar la denuncia.

Un 31% afirmó que las autoridades nunca tomaron acciones tras la denuncia. En cuanto al estado de los casos, el 5.5% de los desaparecidos fue hallado sin vida, el 10.9% tuvo su caso archivado y el 23.6% permanece abierto.

El 71.6% de las víctimas son hombres, frente al 28.4% de mujeres. A pesar de un ingreso per cápita promedio familiar de 12,806 pesos mensuales, el 62.1% de las familias nunca fue informado de operativos estatales, lo que las obligó a asumir los costos y esfuerzos de búsqueda por cuenta propia.

El impacto emocional es significativo: el 87% de los familiares reportó alteraciones del ánimo debido a la ambigüedad de la pérdida y el duelo crónico; el 66% tiene dificultad para dormir, el 58.5% experimenta intranquilidad y miedo, y el 45.3% carece de ánimo para realizar tareas cotidianas.

Adicionalmente, la mitad de las familias afectadas nunca recibió apoyo psicológico profesional, pese al alto nivel de afectación emocional identificado en el estudio.

El Defensor del Pueblo concluye que la falta de comunicación y seguimiento estatal no solo dificulta la localización de personas desaparecidas, sino que agrava el sufrimiento de sus familias, dejándolas en una situación de indefensión y abandono institucional.