Senador Taveras presenta nueve mociones para reformar el Código Penal

El senador Antonio Taveras Guzmán, representante de la provincia Santo Domingo, sometió nueve mociones al proyecto de reforma del Código Penal actualmente en estudio por el Congreso Nacional, con el objetivo de introducir modificaciones sustanciales en materia de derechos fundamentales, violencia intrafamiliar y libertad de expresión.

Las iniciativas fueron presentadas durante el proceso de conocimiento del proyecto legislativo y abordan temas que han generado amplio debate en las discusiones nacionales, particularmente en torno a la protección de grupos vulnerables y el equilibrio entre seguridad jurídica y libertades individuales.

Modificaciones en materia de violencia intrafamiliar y derechos reproductivos

Entre las propuestas más destacadas figura la incorporación expresa de la violencia vicaria como una modalidad específica de violencia intrafamiliar, definida como aquella ejercida mediante hijos, familiares u otras personas con vínculos afectivos para causar daño psicológico o ejercer control sobre la víctima.

Otra moción busca eliminar una disposición que, según el legislador, podría interpretarse como una autorización para ejercer violencia física contra niños, niñas y adolescentes bajo el argumento del ejercicio de la autoridad parental, una medida que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos.

En el ámbito de los derechos reproductivos, las mociones proponen la inclusión de las tres causales como eximentes de responsabilidad penal, estableciendo que no habrá sanción cuando el embarazo represente un riesgo para la vida o la salud de la mujer, cuando el feto presente una condición incompatible con la vida o cuando la gestación sea consecuencia de una violación sexual, agresión sexual o incesto. Simultáneamente, se propone reforzar las sanciones para los casos de aborto forzado.

Reformas en materia de libertad de expresión y delitos económicos

En relación con la libertad de expresión, una de las mociones plantea la eliminación de la pena privativa de libertad para la difamación simple, manteniendo únicamente sanciones económicas y la posibilidad de reparación civil. Al mismo tiempo, se propone redefinir la difamación agravada para aplicar sanciones más severas cuando sea utilizada como mecanismo de coacción o extorsión.

Además, se propone eliminar el delito de bancarrota simple, argumentando que los errores de gestión empresarial sin intención fraudulenta no deberían generar responsabilidad penal, y derogar el delito de ultraje, considerando que su aplicación podría entrar en conflicto con el derecho a la crítica hacia funcionarios públicos.

Otra modificación busca precisar el delito de certificación falsa sobre el estado de salud, estableciendo que únicamente podrá ser sancionado cuando el profesional actúe de manera dolosa y con conocimiento de la falsedad del documento, evitando así la penalización de errores involuntarios en el ejercicio profesional.