Política

Senado explica retraso en modificaciones al Código Penal por presunta satisfacción social

El presidente del Senado justifica el retraso en modificar el Código Penal por una supuesta satisfacción social durante 11 meses, pese a recursos constitucionales y recientes protestas.

Carmen Rodríguez

Carmen Rodríguez

Editora en Jefe

jueves, 16 de julio de 20263 min de lectura

Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, explicó este jueves las razones por las que el Congreso Nacional esperó hasta el último momento para iniciar un proceso de modificación al nuevo Código Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para la primera semana de agosto.

Según detalló el legislador, la demora se debió a una supuesta satisfacción generalizada de la sociedad con la Ley 74-25, promulgada por el presidente Luis Abinader el pasado 3 de agosto de 2024, la cual incluye un período de vacación legal de 12 meses antes de su aplicación plena.

De los Santos afirmó que, durante los primeros 11 meses posteriores a la promulgación de la ley, no se registraron inquietudes significativas por parte de la ciudadanía ni de los sectores jurídicos, lo que llevó al Congreso a considerar que no era necesario abrir un diálogo previo sobre posibles ajustes al Código Penal.

"Nosotros entendíamos que toda la sociedad estaba satisfecha con lo que se había aprobado", declaró el presidente del Senado al ser entrevistado por medios de comunicación.

No obstante, señaló que hace aproximadamente un mes comenzaron a surgir las primeras expresiones de preocupación por diversos grupos sociales y políticos, lo que motivó la reacción del Poder Legislativo.

El pasado 7 de julio, el Congreso Nacional ordenó formalmente la conformación de una comisión bicameral para elaborar una propuesta de modificación al Código Penal, en respuesta a una serie de protestas registradas en todo el país.

Esta explicación del Senado contrasta con antecedentes judiciales previos: desde septiembre de 2024, el Tribunal Constitucional (TC) ha recibido un total de 10 recursos presentados de manera individual por juristas y organizaciones, quienes argumentan que diversas disposiciones del nuevo Código Penal violan la Constitución Dominicana.

La falta de respuesta inicial del Congreso frente a estos planteamientos legales contribuyó al aumento de la presión social, culminando en manifestaciones callejeras organizadas por agrupaciones políticas y sociales que exigen una revisión inmediata de la ley.

Ante este escenario, De los Santos reiteró que el Congreso Nacional ha mantenido una actitud de apertura y disposición al diálogo.

"Inmediatamente surgieron las inquietudes, nosotros, como casa de la democracia, hemos escuchado a los diferentes sectores y estamos revisando todas las preocupaciones", manifestó el senador.

Agregó que el órgano legislativo siempre ha estado dispuesto a realizar mejoras al Código Penal cuando sea necesario, enfatizando que su objetivo es elaborar "el mejor Código posible", manteniendo las puertas abiertas para futuras modificaciones.

Tras las movilizaciones sociales de las últimas semanas, el Poder Legislativo decidió someter el Código Penal a un proceso formal de estudio. Durante aproximadamente siete días, hasta ayer, se recibieron propuestas formales de ciudadanos e instituciones, las cuales fueron compiladas por la Comisión Bicameral en un total de 84 documentos con recomendaciones para modificar diversos artículos del texto legal.

Sin embargo, ha surgido una nueva crítica tras revelarse que la comisión estima tardar menos de dos días en analizar todas las propuestas recibidas, lo que ha generado dudas sobre la profundidad del proceso de revisión.

En paralelo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que todos los proyectos recibidos serán debidamente valorados. La Cámara Baja ha convocado a sus legisladores para una sesión plenaria este viernes, con el objetivo de iniciar la discusión sobre las modificaciones finales al nuevo marco penal.

El debate continúa en medio de un clima de exigencia ciudadana por mayor transparencia y rigor legislativo en la reforma de uno de los cuerpos legales más sensibles del sistema judicial dominicano.

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Sobre el autor

Carmen Rodríguez

Editora en Jefe

Periodista con más de 15 años de experiencia en medios dominicanos. Especializada en política y asuntos gubernamentales. Graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

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