SCJ anula sanción disciplinaria a tres abogados por ignorar resoluciones judiciales
La SCJ anuló la sanción disciplinaria a tres abogados por ignorar resoluciones judiciales que nulificaban el proceso contra ellos.
Lucía Fernández
Editora de Cultura
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la República Dominicana anuló completamente una sanción disciplinaria impuesta por el Tribunal de Disciplina y Honor del Colegio de Abogados (CARD) contra los abogados Mariel León Lebrón, Lilia Fernández León y Joel del Rosario Alburquerque, quienes habían sido inhabilitados por un año para ejercer la profesión.
La decisión se basa en la sentencia SCJ-PL-26-00005, emitida el 6 de agosto de 2026, mediante la cual el Pleno de la SCJ acogió el recurso de los profesionales del derecho, revocó en todas sus partes la resolución disciplinaria TDH-014-2026 y ordenó el archivo definitivo del caso, dejando sin efecto la medida de inhabilitación que había sido aplicada el 30 de marzo de 2026.
El Tribunal Disciplinario del CARD había declarado a los abogados culpables de infringir el Código de Ética del Profesional del Derecho, al continuar con un proceso disciplinario pese a que dos sentencias del Tribunal Superior Administrativo habían declarado nula la resolución de apoderamiento relacionada con dicho procedimiento.
A pesar de esas resoluciones judiciales, el órgano disciplinario del Colegio de Abogados prosiguió con el conocimiento del expediente y terminó imponiendo la sanción de inhabilitación, acción que la SCJ calificó como una conducta reiterativa de ignorar decisiones judiciales firmes.
La Suprema Corte enfatizó en su fallo que "los argumentos y observaciones realizados por el Tribunal de Amparo, resultant de los hechos y evidencias sometidas a su escrutinio, evidencian un comportamiento reiterativo por parte del Tribunal de Disciplina y Honor del Colegio de Abogados de la República Dominicana, de continuar con un proceso pese a las decisiones judiciales dictadas por los tribunales de la República".
El conflicto originó en un reclamo promovido por Grupo Alugav S.A.S., representada por Juan Rafael Llaneza Gil, en respuesta a medidas solicitadas por los abogados de María Amelia Hazoury para la protección del patrimonio conyugal, dentro de un proceso de divorcio y partición que se tramita en los tribunales dominicanos.
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Lucía Fernández
Editora de Cultura
Crítica cultural y escritora. Especializada en arte, música y entretenimiento dominicano. Columnista con 10 años en medios nacionales.
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