Salud mental en prisión: el doble desafío de tratamiento y estigma

El acceso a atención psicológica y psiquiátrica en centros penitenciarios enfrenta barreras estructurales que dificultan el tratamiento adecuado para personas privadas de libertad con trastornos mentales. Mientras que en libertad un individuo puede elegir su profesional, cambiar de tratamiento o buscar apoyo familiar, en prisión estas opciones se ven limitadas por los protocolos institucionales y la disponibilidad de recursos.

Según la psiquiatra forense Katty Gómez, el encierro prolongado genera efectos comparables a los observados durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, pero con una duración potencialmente mucho mayor. "Si ustedes reflexionan sobre cómo se sentían cuando los encerraron en el COVID, se destaparon trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad, estados de ánimo ansiosos y ataques de pánico. Imagínense reconocer que se va a estar encerrado el resto de la vida (20, 30, 40 o 50 años)", explicó Gómez, advirtiendo sobre el agravamiento de condiciones como ansiedad, depresión y trastornos psicóticos.

La presidenta pro tempore del Comité de Salud Mental Penitenciaria, Sandra Fernández, destacó que aproximadamente el 90 % de las personas privadas de libertad presenta algún problema de salud mental, aunque reconoció la falta de estadísticas confiables para dimensionar con precisión las necesidades del sistema. "Nosotros precisamente es una de las deudas que tenemos con el sistema, con el país: estadísticas confiables", sostuvo Fernández, enfatizando la necesidad de generar evidencia para diseñar programas efectivos.

En los centros penitenciarios del modelo reformado, el ingreso incluye un período de observación de entre 10 y 30 días, durante el cual se elabora un perfil integral que considera salud, educación, formación laboral y necesidades psicológicas. Este proceso permite orientar decisiones sobre ubicación, actividades y tratamiento, discutidas en juntas interdisciplinarias que involucran a todas las áreas responsables de la atención del interno.

Entre las condiciones que requieren seguimiento continuo se mencionan la ansiedad generalizada, la depresión, los episodios de esquizofrenia y la psicosis. Fernández explicó que la mera notificación de un conflicto con la ley penal ya aumenta los niveles de angustia, depresión y estrés, lo que hace fundamental una atención temprana y especializada durante todo el proceso penal y el encierro.

Ambas expertas coincidieron en la necesidad de ampliar los recursos humanos dentro del sistema penitenciario. Gómez señaló que un psiquiatra que visita dos o tres veces por semana no puede atender adecuadamente a poblaciones de 3,000 a 4,000 privados de libertad, mientras que Fernández resaltó que los centros reformados cuentan con mecanismos específicos para supervisar el cumplimiento del tratamiento, algo que falta en los no reformados.