República Dominicana pone en vigor el nuevo Código Penal tras 142 años

La República Dominicana comenzó a aplicar este lunes 3 de agosto de 2026 su nuevo Código Penal, marcando el fin de una normativa que había estado vigente desde 1884. La Ley núm. 74-25, promulgada el 3 de agosto de 2025, sustituye al antiguo código tras un período de vacatio legis de 12 meses, durante el cual se realizaron capacitaciones, se actualizaron protocolos y se incorporaron nuevos defensores públicos.

El Ministerio Público lideró la preparación con un diplomado sobre reforma penal y procesal, alcanzando al 26 % de los fiscales durante el primer trimestre de 2026. Además, desde el 1 de abril de 2026, se implementó un nuevo protocolo para el procesamiento de escenas del crimen, enfocado en evidencia digital y coordinación interinstitucional.

La Escuela Nacional de la Judicatura y el Poder Judicial desarrollaron actividades formativas regionales y presentaron en junio un Código Penal comentado de 899 páginas como guía técnica para jueces y operadores de justicia. Estas iniciativas buscan garantizar una aplicación uniforme de las nuevas figuras delictivas, escalas de sanciones y reglas de responsabilidad.

No obstante, la entrada en vigor ocurre en un contexto de desafíos estructurales. El sistema enfrenta falta de personal, sobrecarga de expedientes, vacantes judiciales, reclamos salariales y una población penitenciaria donde la mayoría son presos preventivos. Estas condiciones generan dudas sobre la capacidad real del Estado para absorber una reforma de esta magnitud.

El 27 de julio de 2026, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley núm. 44-26, que modificó disposiciones del Código Penal, y mediante el Decreto núm. 507-26, el presidente Luis Abinader creó una Comisión de Seguimiento y Socialización, presidida por Milton Ray Guevara, para acompañar la implementación, promover el conocimiento de la normativa y estudiar posibles mejoras.

Juristas como Amadeo Peralta advirtieron que instituciones como la Dirección de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario requerirán mayores recursos técnicos, humanos y presupuestarios. Por su parte, Many Sierra alertó que el endurecimiento de las sanciones podría aumentar la población carcelaria, afectando particularmente a personas de bajos recursos que dependen de la defensa pública.

La reforma entra en vigor poco más de dos meses después del paro nacional de jueces y servidores judiciales del 21 de mayo de 2026, que afectó los servicios tribunales en varios departamentos y expuso las tensiones internas del sistema de justicia.