República Dominicana debate seguridad ciudadana y uso de la fuerza policial

La República Dominicana enfrenta un debate fundamental sobre seguridad ciudadana, el uso de la fuerza estatal y la vigencia del Estado de derecho. Las muertes ocurridas durante operativos policiales, el endurecimiento del discurso contra la delincuencia y la creciente popularidad de modelos de mano dura plantean interrogantes sobre si se está construyendo una sociedad más segura o normalizando prácticas que menoscaban el valor de la vida en ciertos sectores sociales.

Según datos periodísticos publicados por Diario Libre, al menos 182 personas habían muerto durante intervenciones policiales hasta inicios de octubre de 2026, con 55 fallecimientos registrados en septiembre. Estas cifras no equivalen a ejecuciones extrajudiciales judicialmente comprobadas, pero sí representan un motivo suficiente para exigir transparencia, investigaciones independientes y explicaciones verificables sobre las circunstancias de cada muerte.

El problema no radica en desconocer la gravedad de la delincuencia ni en negar el deber de la Policía de proteger a la ciudadanía, sino en establecer límites claros al poder estatal. Ningún operativo, persecución u orden de arresto autoriza sustituir la justicia por la muerte. Cuando una versión oficial se acepta sin contrastarla con pruebas forenses y testimonios independientes, la presunción de legalidad de las actuaciones policiales corre el riesgo de convertirse en impunidad.

Una democracia requiere tanto seguridad como derechos humanos: instituciones capaces de enfrentar el delito y mecanismos eficaces para impedir abusos de autoridad. La dimensión social de estas muertes merece particular atención. Un análisis de Diario Libre publicado en julio de 2026 identificó a los jóvenes como uno de los grupos más afectados: desde 2020, al menos 273 personas entre 16 y 35 años habían muerto en circunstancias vinculadas a intervenciones policiales.

Estas cifras no demuestran por sí solas que la pobreza determine quién muere durante un operativo, pero sí plantean una interrogante sociológica y política: ¿se ejerce la autoridad estatal de la misma manera sobre todos los ciudadanos? En una sociedad desigual, el Estado no siempre se presenta de igual forma ante la población. Mientras algunos sectores acceden a oportunidades, servicios y protección jurídica, otros experimentan principalmente la presencia institucional mediante patrullajes, registros, detenciones y operativos, sin recibir respuestas adecuadas en educación, empleo, vivienda y servicios públicos.

La pobreza no convierte a nadie en delincuente, ni vivir en un barrio popular constituye prueba de culpabilidad. Sin embargo, los prejuicios de clase, la estigmatización territorial y los estereotipos sociales pueden alimentar prácticas discriminatorias. Por eso, investigar las muertes policiales exige determinar quiénes son las víctimas, dónde ocurren los hechos y bajo qué circunstancias. La igualdad ante la ley no puede depender de la capacidad económica de una familia para contratar abogados, obtener peritajes o sostener una denuncia.

Esta discusión forma parte de una tendencia regional: la expansión de políticas de seguridad que prometen resultados rápidos mediante el endurecimiento penal, las detenciones masivas y la ampliación de facultades policiales y militares. El caso más representativo es El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele. Su modelo ha ganado popularidad por la reducción de la violencia de pandillas, un resultado que debe reconocerse. Sin embargo, también ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos.

En julio de 2026, Amnistía Internacional advirtió sobre la prolongación del régimen de excepción, las detenciones arbitrarias y el debilitamiento de las garantías procesales. Human Rights Watch también ha documentado denuncias de malos tratos, desapariciones forzadas y violaciones del debido proceso. La denominada bukelización consiste en la difusión de elementos de ese modelo como respuesta a la inseguridad. Su atractivo radica en la promesa de recuperar rápidamente el control territorial, pero su riesgo aparece cuando la excepcionalidad se convierte en norma y la eficacia policial se utiliza para justificar la reducción de garantías democráticas.

El debate dominicano debe partir de una premisa clara: reducir la delincuencia es indispensable, pero los resultados de una política de seguridad no pueden medirse únicamente por el número de detenidos o por la capacidad de imponer miedo. También deben evaluarse la legalidad de los procedimientos, la calidad de las investigaciones y el respeto a los derechos fundamentales.