Bukele confirma que 5.000 colaboradores de pandillas podrían acceder a beneficios carcelarios

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó que aproximadamente 5.000 de los 10.629 detenidos acusados de ser colaboradores de pandillas podrían acceder a beneficios carcelarios mediante el programa Cero Ocio, que permite una liberación anticipada a cambio de trabajos de utilidad pública.

Durante una intervención realizada la noche del viernes, Bukele aclaró que el beneficio se aplicaría al 50 % de los colaboradores de pandillas identificados dentro del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, y no a todos los reos, como había sugerido en una declaración previa del 13 de octubre.

Según los datos presentados por el mandatario, de los 96.457 reos registrados en el sistema penitenciario salvadoreño, 42.125 son miembros plenos de pandillas (homeboys), 25.910 son aspirantes a ocupar puestos de liderazgo, 17.793 son colaboradores voluntarios habituales y 10.629 son colaboradores casuales, grupo sobre el que se aplicaría la revisión de casos.

Bukele distinguió entre los tipos de colaboración, explicando que un "paro" o colaborador voluntario habitual es aquel que brinda apoyo constante y continuo a las estructuras criminales, mientras que los colaboradores casuales actúan de forma esporádica o por circunstancias específicas.

El programa Cero Ocio, al que haría referencia el beneficio, consiste en la realización de trabajos de utilidad pública, como la renovación de escuelas, construcción de pupitres u otras actividades comunitarias, a cambio de la posibilidad de acceder a la libertad condicional.

Estas declaraciones se dieron en el marco de la visita de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien se reunió con Bukele tras visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel que simboliza la estrategia del gobierno contra las pandillas.

El régimen de excepción, en vigor desde marzo de 2022, ha permitido la detención de más de 90.000 personas acusadas de pertenecer o colaborar con pandillas, suspendiendo ciertas garantías constitucionales. Durante su implementación, organizaciones humanitarias han documentado más de 6.400 denuncias de atropellos y 570 muertes bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han advertido que, bajo este marco legal, el Estado salvadoreño podría estar incurriendo en posibles crímenes de lesa humanidad, mientras que el gobierno sostiene que la medida ha reducido significativamente los índices de criminalidad.

Bukele, quien mantiene altos niveles de aprobación popular, logró su reelección inmediata para un segundo mandato pese a la prohibición constitucional previa, argumentando que el régimen de excepción es necesario para garantizar la seguridad nacional.