Reforma presupuestaria municipal genera debate en el Congreso
El Congreso debate una reforma que flexibiliza el uso del presupuesto municipal pero elimina sanciones penales a alcaldes. La oposición advierte sobre riesgos de impunidad.
Carmen Rodríguez
Editora en Jefe

La Cámara de Diputados analizará un polémico proyecto de ley que modifica sustancialmente la distribución y control de los recursos que reciben los gobiernos locales. La iniciativa, que ya fue aprobada por el Senado, busca flexibilizar el uso del presupuesto municipal pero ha despertado críticas por eliminar sanciones penales a los alcaldes y ampliar su margen de discrecionalidad.
Cambios en la distribución de fondos
La reforma propone modificar la Ley 176-07 sobre el destino de los recursos transferidos desde el Presupuesto General del Estado. Actualmente, los fondos se distribuyen con límites específicos: hasta 30% para gastos de personal, 40% para actividades y mantenimiento, y 5% para programas educativos, de género y salud.
Con la nueva propuesta, hasta un 75% de los recursos podrían destinarse a gastos corrientes, incluyendo nóminas, remuneraciones de funcionarios electivos y mantenimiento de servicios. Dentro de este porcentaje, se establece que al menos 5% debe asignarse a programas de educación, salud y género.
Eliminación de sanciones penales
Uno de los aspectos más controvertidos es la eliminación de las sanciones penales para funcionarios que incumplan la forma de ejecución presupuestaria. Actualmente, estas violaciones conllevan penas de dos a cinco años de prisión, multas equivalentes a entre cinco y veinte salarios mínimos, e inhabilitación para el servicio público.
La reforma propone sustituir estas sanciones por medidas de carácter administrativo, lo que según la oposición podría debilitar los mecanismos de control sobre el uso de fondos públicos.
Críticas de la oposición
Representantes de partidos opositores han expresado serias preocupaciones sobre el proyecto. Francis Jorge, secretaria de Asuntos Municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), advirtió que eliminar las sanciones penales podría dar "cancha abierta" a los alcaldes para manejar recursos a su antojo.
"Esta iniciativa parece estar orientada a garantizar impunidad en el manejo de los fondos públicos, en lugar de fortalecer la institucionalidad municipal", afirmó el diputado José Horacio Rodríguez de Opción Democrática.
Contexto y próximos pasos
El proyecto es de autoría del senador Aneudy Ortiz del Partido Revolucionario Moderno (PRM), representante de San José de Ocoa. Esta sería la segunda modificación a la Ley 176-07 en menos de seis meses, luego de cambios introducidos en agosto de 2025.
La Liga Municipal Dominicana (LMD) había solicitado en noviembre de 2025 una revisión de la ley para "adecuar los topes de gastos establecidos a fin de hacerlos más acordes a las necesidades de los gobiernos locales".
Los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales tendrán la tarea de analizar el proyecto cuando se reanude la actividad legislativa el próximo 27 de febrero, pudiendo refrendar lo aprobado por el Senado o introducir modificaciones.
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Carmen Rodríguez
Editora en Jefe
Periodista con más de 15 años de experiencia en medios dominicanos. Especializada en política y asuntos gubernamentales. Graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
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