Reforma policial: entre la modernización y el riesgo de desvirtuar la institución

Toda reforma policial debe partir del fortalecimiento institucional para garantizar la seguridad ciudadana, según principios ampliamente aceptados en materia de seguridad pública. Reformar implica profesionalizar, modernizar, corregir fallas, establecer controles y mejorar la rendición de cuentas, nunca desmantelar ni debilitar la capacidad de gestión del Estado.

Se observa con preocupación un giro en la reforma de la Policía Nacional donde el discurso de modernización avanza hacia la sustitución progresiva de funciones institucionales por estructuras externas o privadas. Existe una diferencia fundamental entre fiscalizar la administración policial y despojar a la institución de su capacidad de gestión.

El presupuesto no es meramente un instrumento contable, sino una expresión de la capacidad de planificación, conducción y ejecución institucional. Cuando la dirección pierde el control de sus recursos, se debilita su autoridad operativa y su cadena de mando, lo que en seguridad pública puede generar consecuencias delicadas al desplazar la toma de decisiones fuera de la institución, pese a que la responsabilidad permanece dentro de ella.

Existe riesgo de utilizar el descrédito de la administración policial como justificación para transferir la gestión económica a manos privadas. Aunque la transparencia es indispensable y toda irregularidad debe investigarse con rigor, es distinto perseguir responsabilidades individuales que instalar la idea de que la Policía, como institución, es incapaz de gestionar sus procesos administrativos y financieros.

Se exige transparencia no solo a la Policía, sino también al proceso de reforma liderado por el Ministerio del Interior y Policía y supervisado desde la Presidencia. Desde 2021 se han anunciado inversiones, fideicomisos, asesorías, consultorías, compras, equipos y programas destinados a transformar la institución, pero hasta ahora persiste opacidad sobre el monto invertido, los administradores de los recursos y los contratos ejecutados.

La dimensión humana también resulta afectada: la incertidumbre sobre beneficios, carrera, mando y futuro profesional impacta el sentido de pertenencia de los agentes, quienes enfrentan riesgos diarios al sostener el servicio público de seguridad. Ninguna reforma puede tener éxito si quienes deben ejecutarla se sienten desplazados, desacreditados o ajenos al proceso.

La Policía Nacional requiere cambios profundos, pero estos deben preservar su autoridad, identidad institucional y capacidad de gestión. Una reforma responsable corrige, ordena y fortalece; cuando empieza a desmotivar, desacreditar y transferir capacidades esenciales a intereses externos, deja de reformar y comienza a deformar la institución.

La advertencia es clara: si la reforma continúa avanzando en el descrédito institucional y la desmotivación del recurso humano, se corre el riesgo de sustituir una debilidad por otra aún más grave, comprometiendo el objetivo mismo de la reforma policial.