Reforma del Código Penal mantiene penas de hasta 10 años por malversación de fondos públicos

La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó este sábado una modificación al proyecto de reforma del Código Penal que mantiene la tipificación de la malversación de fondos públicos como delito, estableciendo penas de privación de libertad de entre cinco y diez años para funcionarios o servidores públicos que desvíen recursos estatales con fines distintos a los autorizados.

Según el texto de la iniciativa, incurre en este delito aquel funcionario que, de manera fraudulenta y con el objetivo de obtener un beneficio propio o de terceros, destine fondos, bienes o recursos públicos a una aplicación diferente de la prevista por las normas de administración patrimonial o por las disposiciones presupuestarias vigentes.

Además de la pena privativa de libertad, el proyecto contempla sanciones económicas equivalentes a entre cuatro y diez veces el monto involucrado en la operación malversa. En casos donde no sea posible determinar el valor exacto de los recursos desviados, la multa se calculará tomando como base el último salario percibido por el funcionario mientras desempeñó el cargo, aplicando el mismo rango de entre cuatro y diez veces dicho monto.

La medida busca reforzar el control sobre el uso de los recursos estatales y sancionar con rigor las conductas que atenten contra la correcta administración del patrimonio público, alineándose con los principios de transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.