Puerto Rico exige la disolución de la Junta de Control Fiscal tras una década de intervención

Grupos sociales, sindicatos y líderes comunitarios en Puerto Rico han intensificado sus demandas para que se disuelva la Junta de Control Fiscal, el organismo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos hace exactamente diez años para supervisar la reestructuración de la deuda pública de la isla.

La protesta más reciente, realizada el 31 de agosto de 2026, reunió a cientos de ciudadanos frente al Capitolio en San Juan, quienes denunciaron que la Junta ha priorizado el pago de deuda sobre las necesidades básicas de la población, recortando servicios públicos, congelando salarios y limitando la autonomía fiscal del gobierno local.

Según organizaciones como la Alianza para un Puerto Rico Sostenible y el Movimiento Victoria Ciudadana, la Junta ha operado sin rendición de cuentas suficiente, tomando decisiones económicas de alto impacto sin consulta popular ni aprobación legislativa local, lo que consideran una violación al principio de autodeterminación.

La Junta de Control Fiscal fue establecida en junio de 2016 bajo la Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), tras el anuncio de que la isla no podía pagar sus más de 70 mil millones de dólares en deuda. Su mandato incluye aprobar presupuestos, renegociar deuda y supervisar planes de ajuste fiscal.

Aunque sus defensores argumentan que ha evitado un colapso financiero mayor y ha logrado reestructurar parte de la deuda bajo protección del Capítulo 9 de quiebras municipales, sus críticos sostienen que los ajustes han profundizado la pobreza, impulsado un éxodo masivo de residentes y debilitado instituciones como la Universidad de Puerto Rico y el sistema de salud pública.

En los últimos años, varios referéndums no vinculantes y encuestas han mostrado que más del 60% de la población puertorriqueña apoya la eliminación de la Junta, aunque reconocen la necesidad de un marco de responsabilidad fiscal. Algunos proponen reemplazarla por un ente binacional con mayor participación local y supervisión del Congreso de EE.UU. más transparente.

Hasta la fecha, ni el gobierno federal ni el Congreso han señalado planes para disolver la Junta antes de que se cumplan los objetivos del plan de ajuste fiscal actual, que se extiende hasta 2035. Sin embargo, la presión creciente desde la sociedad civil y ciertos sectores políticos en Washington podría abrir un debate sobre su futuro en los próximos meses.