Propuesta de reducir presupuesto a partidos políticos quedó sin trámite en el Congreso

La iniciativa para reducir a la mitad el financiamiento estatal a los partidos políticos no avanzó en el Congreso Nacional, pese a haber sido planteada por el Poder Ejecutivo como medida para mitigar el impacto del conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos. La propuesta, presentada a inicios de mayo, buscaba recortar el presupuesto destinado a partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos, que actualmente asciende a RD$1,620 millones anuales, equivalente a una entrega mensual de RD$135 millones.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, evitó confirmar o negar la inclusión de la medida en el proyecto de modificación al Presupuesto General del Estado 2026 durante una rueda de prensa realizada el lunes 6 de julio, tras una reunión del Consejo de Ministros. Al ser consultado, respondió: "Esperemos que se presente el presupuesto reformulado y ahí ustedes encontrarán las respuestas que buscan".

La propuesta original contemplaba un ahorro de hasta RD$40,000 millones mediante la reducción del 50% en las transferencias a las organizaciones políticas, lo que habría significado una disminución de la entrega mensual a RD$67,5 millones. Según cálculos oficiales, entre agosto y diciembre de 2026, el Estado habría dejado de erogar aproximadamente RD$337,5 millones si la medida se hubiera implementado.

La iniciativa generó amplio rechazo desde su presentación, tanto por parte de los partidos políticos como de la Junta Central Electoral (JCE). Los organismos políticos argumentaron que el recorte afectaría su capacidad de planificación, organización financiera, operativa, educativa y logística. La JCE expresó formalmente su disconformidad, advirtiendo que la medida comprometería el funcionamiento normal de las organizaciones políticas reconocidas.

El debate se polarizó entre el oficialismo y la oposición. Mientras el gobierno sostuvo que la propuesta respondía al reclamo de que "el sacrificio debe ser de todos" frente a la crisis internacional, ocho partidos políticos firmaron un manifiesto denunciando que la iniciativa no era una política de austeridad genuina, sino una "reconfiguración selectiva del gasto con fines políticos" destinada a debilitar a la oposición y alterar las condiciones de competencia democrática.

Aunque el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, había anunciado que la propuesta sería sometida al Congreso Nacional alrededor del 1 de julio, dicha presentación nunca se concretó, sin que se ofreciera una explicación oficial. Posteriormente, el gobierno promulgó una reforma tributaria amparada en la Ley 30-26 de Medidas pro-crecimiento Económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, sin incluir el recorte propuesto al financiamiento de los partidos.

Hasta la fecha, no se ha reactivado la discusión sobre la reducción del presupuesto político, y el financiamiento estatal a las organizaciones políticas continúa bajo los mismos parámetros establecidos previamente.