Propuesta de invertir pensiones en el exterior genera debate por riesgos y legalidad

Una propuesta reciente busca destinar al menos el 10% del ahorro previsional de los trabajadores dominicanos a inversiones en el exterior, lo que equivaldría a aproximadamente RD$132,000 millones o US$2,250 millones. La iniciativa, presentada bajo el argumento de la 'equidad', ha generado un intenso debate sobre su viabilidad, riesgos y cumplimiento con la normativa vigente.

La Ley 87-01, que regula el sistema de pensiones en la República Dominicana, establece claramente en su artículo 96 que los fondos de pensiones son 'producto del ahorro nacional' y, por tanto, deben invertirse en el territorio nacional. El mismo artículo permite excepciones solo con previa aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), que también dictaría las normas para este tipo de operaciones. Además, la ley obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a priorizar, en condiciones de igualdad de rentabilidad y riesgo, las inversiones que generen empleo, vivienda y actividad industrial y agropecuaria.

El diseño legal fue intencional: el legislador buscó que el ahorro de los trabajadores financiera el desarrollo nacional, reservando la decisión sobre inversiones extranjeras al CNSS, órgano tripartito integrado por representantes del gobierno, empleadores, gremios profesionales y trabajadores. Este enfoque busca garantizar un equilibrio de intereses y evitar decisiones unilaterales.

La Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión, pese a su papel técnico, no tiene la facultad de autorizar inversiones en el exterior por sí sola. Su función es clasificar riesgos y establecer límites sobre instrumentos ya aprobados. Cualquier cambio en la arquitectura de inversión requeriría convencer al CNSS con evidencia técnica, no mediante presiones mediáticas.

Esta comisión está presidida por el Superintendente de Pensiones y cuenta con la participación del Gobernador del Banco Central, los superintendentes de Bancos, Seguros y Mercado de Valores, y un representante técnico de los afiliados elegido por el sector trabajador en el CNSS. Cada miembro aporta una perspectiva distinta: desde la protección del afiliado y la integridad de las cuentas individuales, hasta la estabilidad monetaria, la solvencia de emisores, la transparencia de valores y la voz directa de los dueños del fondo.

Sus decisiones requieren mayoría absoluta y deben publicarse en un diario de circulación nacional dentro de tres días hábiles, conforme al artículo 99 de la Ley 87-01. Este mecanismo de contrapesos y transparencia busca generar confianza en el sistema, evitando que las pensiones dependan del criterio de una sola entidad.

Un aspecto crítico poco mencionado es el descalce cambiario: las pensiones se pagan en pesos dominicanos, por lo que invertir en dólares expone los fondos a riesgos de tipo de cambio. Solo en lo que va del año, el peso se ha apreciado más del 7%, lo que implicaría una pérdida potencial de alrededor de RD$9,000 millones en ocho meses para una cartera del 10% en dólares, incluso antes de considerar el desempeño de los activos internacionales.

Además, no existe en el país un mercado de coberturas suficientemente profundo para proteger una exposición de US$2,000 millones, lo que aumentaría la vulnerabilidad frente a fluctuaciones bruscas.

Los mercados internacionales tampoco son inmunes a las crisis: la renta variable global ha sufrido caídas entre el 30% y el 50% en episodios como 2000, 2008 y 2020, y incluso los bonos globales perdieron más del 15% en 2022. Citar solo a empresas exitosas como Apple, Amazon o Nvidia omite el riesgo de aquellas que fracasaron o desaparecieron. A esto se suman las comisiones adicionales de gestores y custodios extranjeros, que se cargarían sobre las ya existentes de las AFP.

Otra limitación importante es la falta de multifondos en el sistema dominicano: a diferencia de Chile o Perú, todas las AFP manejan un único fondo por afiliado. Esto significa que un trabajador de 63 años asumiría el mismo riesgo de mercado que uno de 25, y una caída en el año del retiro podría reducir permanentemente su pensión vitalicia.

Finalmente, la Superintendencia de Pensiones solo puede supervisar lo que está bajo su jurisdicción directa; una cartera dividida entre custodios y gestores en el extranjero quedaría parcialmente fuera de su alcance práctico de vigilancia, generando un déficit de control y transparencia.