Productores porcinos denuncian quiebra del sector por permisos a importaciones

La Asociación de Productores Porcinos de la República Dominicana (APROPORCRD) anunció que este miércoles en horas de la tarde fijará su posición oficial sobre la crítica situación que atraviesa el sector porcino nacional, la cual atribuyen a políticas estatales que favorecen las importaciones en detrimento de la producción local.

Según informó su presidente, Julián Abud Martínez, el encuentro se llevará a cabo en el municipio de Villa Tapia, donde los productores afiliados a la asociación expresarán su preocupación por lo que consideran una afrenta contra la industria nacional de carne de cerdo.

Abud Martínez denunció que las autoridades nacionales han otorgado permisos a empresas e industrias cárnicas internacionales, lo que, según el dirigente gremial, está provocando una competencia desleal que afecta gravemente a los productores locales, muchos de los cuales se encuentran en situación de "banca rota" debido a las pérdidas acumuladas.

El líder de APROPORCRD señaló que esta situación no solo implica pérdidas económicas millonarias para los criadores de cerdos, sino que también se traduce en desempleo para cientos de obreros que trabajan en granjas porcinas distribuidas en el Cibao y todo el territorio nacional.

Además, Abud Martínez acusó a ciertos actores internacionales de operar en contubernio con funcionarios del sector agropecuario nacional, facilitando la entrada de productos importados que, según él, están invadiendo el mercado local y generando pérdidas que muchos productores ya no pueden sostener.

El presidente de la asociación fue enfático al exigir que las autoridades nacionales despierten de su letargo y se posicionen del lado de la producción nacional, argumentando que el actual enfoque de protección a las importaciones mediante permisos está dañando gravemente a un sector vital para la economía rural dominicana.

La reunión en Villa Tapia busca dejar sentada una posición unificada del sector porcino frente a lo que consideran una política estatal que privilegia intereses externos sobre el desarrollo de la industria cárnica local, la cual, según sus representantes, requiere urgentemente medidas de protección y apoyo para evitar su colapso.