Procuraduría asegura estar 100% preparada para entrada en vigor del nuevo Código Penal

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que el Ministerio Público se encuentra totalmente listo y equipado para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal (Ley 74-25), tras más de un año de preparación operativa, institucional y capacitación intensiva de su personal técnico y fiscal.

Frente a las inquietudes sobre la capacidad operativa para aplicar el nuevo marco normativo, la funcionaria señaló que la institución no esperó a la aprobación final para adecuar su estructura técnica, sino que inició los ajustes desde las primeras etapas del proceso legislativo.

Berenice Reynoso se pronunció en esos términos durante el taller "Código Penal abierto ante la prensa y la comunicación", dirigido a periodistas especializados en fuente judicial y caricaturistas de ejercicio artístico permanente, donde detalló los avances logrados en la transición penal.

A través de la Escuela del Ministerio Público, la institución cumplió un año capacitando de manera intensiva a los miembros del órgano persecutor en el contenido del nuevo articulado. Actualmente se forma una nueva promoción de fiscales de carrera y se prevé la convocatoria de un grupo adicional en el corto plazo.

Asimismo, se habilitaron 100 nuevos relevos distribuidos en los 37 distritos judiciales del país, reforzados con la incorporación de 140 abogados destinados exclusivamente a la asistencia integral de las víctimas.

La procuradora aseguró que la Procuraduría cuenta con los recursos, el personal técnico y la logística necesarios para asumir la transición penal, enfatizando que "El Ministerio Público está absoluta y totalmente preparado para lidiar con esta nueva normativa".

Reynoso recordó que el Ministerio Público remitió una comunicación formal a las cámaras legislativas solicitando la actualización del texto punitivo, al identificar diversas conductas delictivas de la sociedad actual que demandan un reproche penal más severo.

En cuanto a las novedades del nuevo Código Penal, cuya aplicación iniciará en las próximas horas, destacó que el instrumento incorpora 70 nuevos delitos y que, sumados a los reformulados, llegan a 109 tipos penales, dejando atrás un instrumento desfasado para enfrentar los delitos del siglo XXI, particularmente aquellos que se valen de la tecnología.

El nuevo código incorpora principios que otorgan mayores garantías al ciudadano y contribuyen al fortalecimiento del tejido social, al aportar instrumentos para una persecución penal más efectiva y con enfoque disuasivo. No obstante, precisó que el Ministerio Público ya venía persiguiendo operativamente muchas de estas conductas, y que la nueva normativa otorga la tipificación explícita y los marcos de sanción que la sociedad dominicana requería.

Durante su exposición, la procuradora ofreció una detallada explicación sobre las principales novedades, modificaciones e implicaciones jurídicas del nuevo Código Penal, precisando aspectos clave sobre el aumento de las penas, la responsabilidad de las personas jurídicas y la incorporación explícita de nuevas causas de eximente de responsabilidad penal.

Ante las críticas de diversos sectores y criminólogos sobre el posible impacto del cúmulo de penas en la reinserción social de los condenados y el hacinamiento en el sistema penitenciario, Berenice Reynoso defendió la facultad del legislador para endurecer las sanciones, las cuales permiten acumular condenas de hasta 60 años de prisión para delitos de extrema gravedad.

Al abordar el debate sobre si penas tan extensas contravienen el principio constitucional de la reinserción social, sostuvo que no todos los delincuentes requieren el mismo tiempo para rehabilitarse, ni todos los crímenes pueden medirse con la misma vara, citando como ejemplo casos que han conmocionado al país, como el del denominado "Chamán Chacra", para ilustrar que no es lógico asumir que, para todos los delitos, la persona está en condiciones de reinsertarse en el mismo tiempo.

Frente a la tesis de que una persona condenada a una edad avanzada no tendría oportunidad real de reintegrarse a la sociedad, enfatizó que la sanción penal no solo debe considerar los derechos del imputado, sino también el impacto y el dolor causado a la ciudadanía y a las víctimas.

En cuanto a las advertencias sobre un posible agravamiento de la sobrepoblación carcelaria, la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público rechazó que las políticas de seguridad ciudadana deban supeditarse a la capacidad penitenciaria, afirmando que no se puede garantizar la seguridad ciudadana supeditándola a los límites de las cárceles.