Procuradora Yeni Berenice afirma que la corrupción tiene víctimas directas en la población

La procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo durante su participación en el Foro de Contratación Pública que los actos de corrupción administrativa sí tienen víctimas concretas, quienes son los ciudadanos afectados por el desvío de recursos públicos destinados a servicios esenciales.

Al dictar la conferencia magistral titulada "Hacia una gestión pública integra: Prevención y lucha contra la corrupción", en el marco del mencionado foro, la titular del Ministerio Público utilizó como ejemplo el caso del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), donde varias personas, incluyendo exmiembros de su junta directiva, están siendo acusadas de realizar "maniobras fraudulentas" que afectaron la distribución de medicamentos a pacientes oncológicos.

"¿Qué tipo de ser humano hay que ser para sustraer los fondos del Estado, y más cuando esos están destinados a los medicamentos y la atención médica de personas que no tienen nada y vienen a su patronato a buscar la vida porque saben que si no acceden a ese medicamento, a esa atención médica oportuna puede ser ese medicamento?"

Durante su disertación, Berenice Reynoso enfatizó que cada peso sustraído del patrimonio público deja de ir a hospitales, centros educativos, infraestructura y, en definitiva, al desarrollo del país. "Si el patrimonio público es de todos, sustraerlo nos convierte a todos y todas en víctimas", expresó.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que las autoridades buscan obtener una prórroga para presentar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros nueve imputados, en el marco de una investigación por presunta estafa millonaria contra el Estado dominicano.

A ese grupo se le acusa de defraudar al Estado dominicano por un monto inicial de más de 15,000 millones de pesos, cifra que posteriormente fue elevada por las investigaciones a más de 19,000 millones de pesos.

La procuradora reiteró que los delitos de corrupción administrativa no son delitos sin víctimas, sino que impactan directamente a la población más vulnerable, especialmente cuando los recursos desviados estaban destinados a proveer medicamentos a quienes más lo necesitan.