Procuradora revela que más del 70% de la violencia en RD está vinculada a conflictos sociales

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que más del 70 % de los hechos de violencia registrados en la República Dominicana están relacionados con situaciones de conflictividad social, un aumento significativo respecto al rango histórico del 58 % al 60 % observado en años anteriores.

Durante su participación en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, Reynoso explicó que este incremento, registrado en los últimos dos meses, refleja una preocupante tendencia donde conflictos cotidianos, ante la ausencia de mecanismos de mediación y conciliación, escalan a agresiones graves e incluso homicidios.

Como ejemplo concreto, citó un caso reciente en Santiago, donde una discusión por 50 pesos terminó con la muerte de una persona, ilustrando cómo temas aparentemente menores pueden derivar en tragedias cuando no existen canales de diálogo efectivos.

La procuradora señaló que otros desencadenantes frecuentes incluyen disputas por espacios de estacionamiento, música a alto volumen y problemas entre vecinos, situaciones que, según ella, revelan una falta generalizada de cultura de conciliación en la sociedad dominicana.

"Lamentablemente, no hay una cultura de conciliación, de buscar alternativas y de conversar", sostuvo Reynoso al referirse a las condiciones que permiten que los conflictos se conviertan en escenarios de violencia.

Ante este panorama, la funcionaria consideró necesario establecer un pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad, que trascienda las fronteras partidistas y gubernamentales para incluir a todos los sectores de la sociedad.

Según detalló, la iniciativa debe convocar a empresarios, partidos políticos, academia, centros educativos, medios de comunicación, juntas de vecinos, clubes deportivos, iglesias y ciudadanía en general, bajo el principio de que la prevención de la violencia es una responsabilidad colectiva y requiere una mirada holística.

Reynoso también abordó la estrategia de apertura de fiscalías comunitarias, explicando que su ubicación se determina mediante criterios técnicos como el impacto en la ciudadanía, la calidad del gasto público, el mapa de criminalidad y la proximidad a otros centros del Ministerio Público.

Antes de cada instalación, se evalúa si existe una necesidad real y si la ubicación permitirá un servicio más cercano y eficiente. En las comunidades donde ya operan estas fiscalías, se ha observado una reducción de la criminalidad, atribuida en parte a una mayor presencia institucional y a la atención oportuna de conflictos locales.