Procuradora revela que Catastro Penitenciario avanza 91.5% y será clave para políticas de justicia
La procuradora Yeni Berenice Reynoso anunció que el Catastro Penitenciario avanza un 91.5% y será clave para diseñar políticas de justicia basadas en datos, no en percepciones.
Ana María Guzmán
Editora de Salud

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó que el Catastro Penitenciario ha alcanzado un 91.5% de avance tras registrar los datos biométricos de cerca de 22,000 personas privadas de libertad, con fecha estimada de conclusión para el 30 de agosto.
El sistema, descrito como una herramienta digital integral, recopila información biométrica, jurídica, socioeconómica y de salud de cada interno, con el objetivo de ofrecer una radiografía exacta y en tiempo real del sistema carcelario nacional. Según Reynoso, este censo representa un avance sin precedentes en Iberoamérica por su nivel de precisión y tecnología aplicada.
"Ya tenemos el 91.5% de la culminación del Catastro Penitenciario. Es un sistema digital integral que se entregará al Ministerio de Justicia, al Ministerio Público, a la Suprema Corte de Justicia y a la Dirección General de Prisiones", precisó la magistrada durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo Corripio.
Tecnología y alcance del Catastro Penitenciario
El procurador destacó que el sistema utiliza tecnología avanzada, incluyendo captura de huellas dactilares, reconocimiento facial y digitalización completa de expedientes procesales. Esto permitirá segmentar y clasificar la población carcelaria bajo criterios unificados, diferenciando entre delitos menores y graves, y considerando factores como perfil de riesgo y edad del interno.
"En Iberoamérica no habrá un sistema con la precisión de datos que tendrá República Dominicana. Se ha elaborado con la tecnología más avanzada"
Respuesta al debate sobre prisión preventiva
Ante las críticas por la alta tasa de privados de libertad en prisión preventiva, Reynoso rechazó la noción de que el Ministerio Público actúa de forma indiscriminada. Argumentó que, pese a recibir más de 260,000 casos anuales, la población carcelaria no supera los 30,000 internos, lo que, según ella, descarta la hipótesis de un accionar punitivo excesivo.
"No hay que ser un ingeniero en estadística de la NASA para comprender que la hipótesis de un Ministerio Público punitivo e indiscriminado no se sostiene en los datos"
La procuradora atribuyó la elevada tasa de prisión preventiva a dos factores estructurales: la baja cultura de acuerdos procesales (menos del 20% en RD frente a hasta un 80% en otros países con códigos similares) y la dilación en los procesos judiciales, que pueden extenderse entre 5 y 6 años.
"Si para conocer un caso el sistema se toma entre 5 y 6 años, la tasa de preventivos se mantendrá elevada. Lo que debemos reducir es el tiempo de sustanciación de los procesos", sostuvo.
Postura del Ministerio Público frente al crimen grave
Reynoso reafirmó que el Ministerio Público mantendrá su política de solicitar medidas de coerción severas en casos de homicidio, narcotráfico a gran escala y crimen organizado, tal como lo establece su rol constitucional de dirigir la política de persecución penal y defender a las víctimas.
"Nuestra directriz es clara: ante un homicidio o narcotráfico grave, vamos a solicitar prisión preventiva. El Ministerio Público no va a variar esa política de persecución"
Concluyó señalando que, en un Estado de derecho, corresponde al fiscal acusar, a la defensa defender y a los jueces decidir, y que una sociedad justa requiere un Ministerio Público que actúe con firmeza frente a los delitos graves.
El anuncio se realizó en el contexto del Almuerzo Semanal del Grupo Corripio, donde estuvo acompañada por altos funcionarios del Ministerio Público, incluyendo a Wilson Camacho (director general de Persecución), Osvaldo Bonilla (procurador adjunto y director de Asistencia Jurídica Internacional), Iván Félix (director del Proyecto G5), María Rosalba Díaz (directora de RELEVIC) y Isaura Suárez Salcedo (directora de la Carrera del Ministerio Público), así como los empresarios José Alfredo Corripio y Manuel Corripio.
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Ana María Guzmán
Editora de Salud
Periodista especializada en salud pública y bienestar. Colaboradora de organizaciones de salud en el Caribe. Máster en Comunicación Científica.
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