Policía Nacional lidera incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional

La Policía Nacional encabeza la lista de instituciones estatales con mayor número de sentencias desacatadas del Tribunal Constitucional, según un balance elaborado por el propio órgano jurisdiccional en marzo de 2025, que identificó 24 veredictos incumplidos por esta institución.

El caso más reciente involucra a Dulce María Lora Solís, viuda del General de Brigada (r) José Antonio Feliciano Castillo, a quien el Tribunal Constitucional ordenó mediante la sentencia TC/0736/26 del 7 de agosto de 2026 el pago de RD$2,845,000.00 como astreinte por el incumplimiento persistente de una sentencia de 2022.

Esta sanción surge porque la Policía Nacional no cumplió íntegramente con la sentencia TC/0103/22, que ordenaba reconocer el ascenso póstumo de Feliciano Castillo como General de Brigada, ajustar su pensión y pagar el diferencial retroactivo desde marzo de 2007 hasta septiembre de 2019, fecha en que interpuso la acción de amparo.

El tribunal había fijado inicialmente una astreinte de RD$5,000.00 diarios tras un plazo de 30 días para el cumplimiento. En junio de 2025, mediante la sentencia TC/0364/25, ya había liquidado una primera astreinte por RD$3,610,000.00, sin que la institución diera cumplimiento total.

Aunque en julio de 2025 el Comité de Retiro de la Policía Nacional reconoció el derecho a pensión de Lora Solís y reajustó su monto mensual a RD$40,471.54, omitió el pago retroactivo del diferencial correspondiente al período 2007-2019, lo que motivó una nueva solicitud de liquidación de astreinte presentada el 29 de enero de 2026.

Este caso no es aislado. El Tribunal Constitucional ha documentado un patrón reiterado de incumplimiento por parte de múltiples entidades estatales. Además de la Policía Nacional, figuran en la lista la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República, los Ministerios de Interior y Policía, Educación, Hacienda, Salud Pública, Obras Públicas, Defensa y Relaciones Exteriores, así como el Ejército de la República Dominicana, la Armada, el Instituto Agrario Dominicano (IAD), la Tesorería de la Seguridad Social, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, las Direcciones de Migración y Embellecimiento, Impuestos Internos, Aduanas y varias alcaldías, incluyendo las del Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo Este, Pedro Brand, Sosúa, San Juan de la Maguana y Esperanza.

El mecanismo de la astreinte, diseñado como una sanción pecuniaria diaria para constreñir el cumplimiento judicial, ha resultado insuficiente en la práctica para forzar la ejecución de las sentencias, según reconoce el mismo tribunal.

Casos como el de la familia Feliciano Castillo ilustran el impacto directo sobre los ciudadanos que dependen de la ejecución de fallos constitucionales para hacer valer derechos sociales, como las pensiones de sobrevivencia, tras años de gestiones y requerimientos sin respuesta efectiva por parte de las instituciones obligadas.