PNUD destaca avances de la justicia dominicana y propone mejorar su acceso efectivo

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó este martes el informe "Justicia y Desarrollo Humano en la República Dominicana", elaborado en alianza con el Poder Judicial dominicano, durante un evento realizado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). El estudio, liderado por Ana María Díaz, representante residente del PNUD en el país, destaca los avances institucionales del sistema judicial y plantea desafíos para acercar la justicia a todas las personas.

Según el informe, la justicia dominicana ha mejorado su capacidad de respuesta, reducido la mora, incorporado servicios digitales y fortalecido la transparencia y las políticas de inclusión. El sistema alcanza una capacidad resolutiva promedio del 94,9 %, aunque con diferencias territoriales. Además, se han firmado digitalmente más de tres millones de documentos y aproximadamente el 66 % de los trámites se procesa de manera electrónica.

No obstante, el PNUD advierte que estos avances deben traducirse en un acceso efectivo y equitativo. "Los datos muestran una justicia que avanza, pero el desafío es seguir consolidando estos resultados para que lleguen a todos los territorios y personas", señaló Ana María Díaz durante la presentación.

El informe, titulado "Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible", se basa en registros, indicadores, encuestas exploratorias, entrevistas y revisión documental. Identifica ocho hallazgos clave sobre el estado actual y futuro de la justicia dominicana:

1. La mayor eficiencia es indispensable, pero debe ir acompañada de menos obstáculos para acceder a los servicios.
2. Factores como ingresos, lugar de residencia, nivel educativo, género y habilidades digitales aún influyen en la posibilidad de iniciar y sostener un proceso judicial.
3. Las necesidades de justicia varían entre territorios; una menor cantidad de expedientes no siempre significa menos conflictos.
4. La digitalización reduce traslados y ahorra tiempo, pero se deben mantener alternativas presenciales para quienes las necesiten.
5. La atención a mujeres víctimas de violencia, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y otras poblaciones vulnerables debe incluir protección y acompañamiento efectivos.
6. La confianza se construye mediante la escucha, explicaciones claras y trato respetuoso.
7. La seguridad jurídica está vinculada a aspectos cotidianos como empleo, ingresos, vivienda, patrimonio y negocios; una decisión tardía puede afectar la estabilidad de vida.
8. El sistema debe prepararse para nuevos desafíos, incluidos conflictos ambientales y riesgos relacionados con el cambio climático.

A partir de estos hallazgos, el informe propone 11 recomendaciones alineadas con el Plan Decenal Justicia del Futuro 2034. Entre ellas: llevar los servicios a los territorios con mayor necesidad, ofrecer información en lenguaje sencillo, fortalecer la mediación y conciliación, combinar herramientas digitales con apoyo presencial y mejorar la coordinación institucional.

También se recomienda ampliar la atención a personas que requieren protección especial y vincular la reducción de la mora con la eliminación de costos, traslados y otras barreras que impiden el acceso o la continuidad de los procesos judiciales.

El informe forma parte de la colaboración sostenida entre el PNUD y el Poder Judicial, que en los últimos años ha apoyado la transformación digital, el fortalecimiento de capacidades institucionales, las políticas de igualdad e inclusión y la construcción del Plan Justicia del Futuro 2034. El estudio confirma que la justicia dominicana cuenta hoy con mejores herramientas y mayor capacidad de respuesta, pero subraya que el próximo paso es garantizar que cada avance institucional se sienta claramente en la vida de las personas.