PNUD advierte que barreras limitan acceso a la justicia en República Dominicana

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió que, pese a los avances en la digitalización del sistema judicial dominicano, persisten barreras significativas que limitan el acceso efectivo a la justicia para gran parte de la población.

Según el informe "Transformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano", presentado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el 39.3 % de las personas consultadas reportó haber enfrentado alguna dificultad durante su proceso judicial. De ese grupo, el 63 % identificó las demoras o tiempo excesivo como principal obstáculo, mientras que el 46 % señaló los costos o gastos legales como barrera relevante.

El estudio, basado en encuestas a usuarios del sistema de justicia, también reveló que el 26 % de los participantes experimentó problemas relacionados con la calidad de la atención y el transporte, factores que afectan particularmente a sectores vulnerables.

Uno de los desafíos más críticos identificados es el bajo conocimiento y uso de las herramientas digitales judiciales. El informe indica que el 70.8 % de los usuarios consultados no sabía que existía un sistema en línea para consultar el estado de casos, citas, audiencias o requisitos procesales. Un 20.2 % conocía su existencia pero no lo había utilizado, mientras que solo el 9 % estaba informado y lo empleaba activamente.

Aunque el PNUD reconoce que la digitalización representa un avance importante para reducir desplazamientos, mejorar la trazabilidad y agilizar gestiones, advierte que la tecnología por sí sola no garantiza un mayor acceso a la justicia. La falta de conectividad, las limitaciones en alfabetización digital, el desconocimiento de los servicios y la ausencia de orientación pueden convertir estas herramientas en nuevas barreras para ciertos sectores de la población.

Por ello, el organismo recomienda fortalecer la difusión de los servicios digitales y mantener canales presenciales complementarios para garantizar la inclusión. El informe fue entregado al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, por la representante residente del PNUD, Ana María Díaz, y la experta para América Latina y el Caribe, Seria Gloria Manzotti, en un evento que contó con la participación de jueces, fiscales, defensores públicos y otros actores judiciales.

El documento también destaca avances institucionales, como la implementación de firmas y documentos digitales, que han mejorado la capacidad de respuesta del sistema judicial. Sin embargo, enfatiza que su impacto en el acceso efectivo dependerá de que la ciudadanía conozca y pueda utilizar adecuadamente los servicios disponibles.