PGR finaliza primer catastro penitenciario y revela que el 70% de homicidios proviene de conflictos sociales
La PGR finalizará el 30 de este mes el primer catastro penitenciario del país y reveló que el 70% de los homicidios proviene de conflictos sociales, proponiendo un pacto estatal contra la violencia.
Ana María Guzmán
Editora de Salud

La Procuraduría General de la República (PGR) anunciará el próximo 30 de este mes la finalización del primer catastro penitenciario nacional, una herramienta tecnológica que integrará huellas dactilares de privados de libertad, expedientes procesales digitalizados y datos para planes de tratamiento, con el objetivo de transformar la persecución penal de un enfoque reactivo a uno basado en evidencia y análisis de mercados criminales.
Durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso explicó que el Ministerio Público ha cambiado su enfoque de análisis criminal: ya no se limita a revisar expedientes individuales, sino que estudia los fenómenos y mercados delictivos que operan detrás de hechos como robos de teléfonos celulares, motocicletas y metales.
Este levantamiento permitirá generar mapas de calor y cruzar información para identificar beneficiarios de actividades ilícitas y focalizar acciones de persecución y prevención. El trabajo se realiza en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras instituciones de seguridad, con el propósito de diseñar políticas transitorias y preventivas, no solo reactivas.
Reynoso recordó que, constitucionalmente, corresponde al Ministerio Público diseñar la política de persecución penal, y sostuvo que contar con información sistematizada es fundamental para tomar decisiones basadas en evidencia.
El 70% de los homicidios proviene de conflictos sociales
La procuradora reveló que el 70% de los homicidios y casos de golpes y heridas registrados en los últimos dos meses en República Dominicana tiene su origen en la conflictividad social, un porcentaje que supera la media anual histórica de entre 58% y 60%.
Según explicó, detrás de estos hechos violentos suelen estar conflictos cotidianos que escalan por la falta de cultura de conciliación, diálogo y solución alternativa de controversias. Como ejemplo citó un caso reciente en Santiago, donde una discusión por 50 pesos terminó con una persona muerta y otra herida.
Además, señaló que la contaminación sónica es un factor agravante: solo en el Gran Santo Domingo, en lo que va del año se han registrado 82,000 denuncias por ruido, de las cuales 27,000 corresponden a domingos. A esto se suman 73,000 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y sexual en 2025, y aproximadamente 26,000 por amenazas de muerte.
Al analizar estas variables conjuntamente, explicó Reynoso, se comprende por qué la proporción de homicidios vinculados a conflictos sociales ha superado el 70%.
Propuesta de un pacto estatal contra la violencia
Frente a esta realidad, la titular del Ministerio Público propuso un pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad que trascienda al Gobierno y al sector justicia, involucrando al empresariado, partidos políticos, academia, centros educativos, medios de comunicación, juntas de vecinos, clubes deportivos, iglesias y la ciudadanía en general.
"Hay que sentarse como país", afirmó, defendiendo una respuesta que vaya más allá de intereses políticos o sectoriales.
Reynoso destacó que la radiografía de la violencia requiere una mirada holística y de Estado, que incluya también la problemática del tránsito como parte integral de la seguridad.
Aunque reconoció el trabajo de las fiscalías comunitarias y los centros integrales de acceso a la justicia en mediación y solución alternativa de conflictos, señaló que estos mecanismos actúan tras la ocurrencia del hecho, por lo que es aún más importante desarrollar una política transversal de prevención.
Según explicó, la respuesta debe descansar en tres vertientes: educación, prevención y activación de mecanismos de mediación, solución alterna y persecución. Afirmó que la instalación de fiscalías comunitarias y centros integrales ya ha generado una reducción de la criminalidad en las zonas donde operan.
En cuanto a la violencia contra las mujeres, informó que el Ministerio Público registra 59 feminicidios en lo que va del año: 36 atribuidos a la pareja actual de la víctima y 18 a otros agresores.
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Ana María Guzmán
Editora de Salud
Periodista especializada en salud pública y bienestar. Colaboradora de organizaciones de salud en el Caribe. Máster en Comunicación Científica.
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