Pepca solicita 18 meses de prisión preventiva por desfalco de 40 millones en SeNaSa

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción para 25 personas implicadas en el desfalco de más de 40 millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en el marco de la Operación Cobra 2.0-A.

La solicitud fue presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezada por la procuradora de corte Mirna Ortiz, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Además, se pidió que el caso sea declarado de tramitación compleja debido a la pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, configurando un esquema de delincuencia organizada.

Entre los imputados figuran médicos, exempleados de SeNaSa y personas vinculadas al sector salud, quienes, según la investigación, se coludieron para sustraer fondos públicos mediante maniobras fraudulentas. Algunos de los nombres mencionados incluyen a Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez, entre otros.

La operación, realizada el viernes, incluyó 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, con la participación de 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional, 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales y el apoyo de la Dirección Nacional de Investigación (DNI).

Esta es la tercera fase de la investigación conocida como Operación Cobra, que comenzó con el arresto del exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, identificado como presunto cabecilla del entramado de corrupción administrativa.

Según declaró Mirna Ortiz tras depositar la solicitud, el dinero sustraído corresponde a fondos públicos, por lo que el perjuicio recae directamente en el pueblo dominicano. Afirmó que las investigaciones siguen en curso y podrían ampliarse en futuras etapas.

El Ministerio Público sostiene que la complejidad del caso justifica la aplicación de normas procesales especiales, dada la estructura criminal descubierta y la necesidad de un juzgamiento adecuado ante la magnitud del delito.