Pepca apelará fallo que ordena pagar RD$7.5 millones por celular incautado en caso de corrupción

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) anunció que apelará la decisión de una jueza que ordena al Ministerio Público pagar más de RD$7.5 millones por un teléfono celular Samsung S3 incautado a un imputado en un caso de corrupción administrativa.

Según informó el órgano acusador, la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió el fallo a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia, pese a que el tribunal ya no tenía conocimiento del caso desde el 24 de octubre de 2025, fecha en que el proceso fue trasladado al Sexto Juzgado de la Instrucción.

Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado, adscritos a la Pepca, señalaron que la decisión presenta vicios procesales graves, incluyendo la desnaturalización de la figura del astringente y la falta de competencia del tribunal para conocer la reclamación.

"Recibimos la notificación de la decisión el jueves y tenemos 20 días para presentar el recurso de apelación", afirmó Jonathan Pérez, quien añadió que el caso se conocerá en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con audiencia prevista para el 11 de agosto.

Los fiscales explicaron que el tribunal actualmente encargado del caso por corrupción carece de competencia para resolver el reclamo sobre el dispositivo telefónico, ya que no se trata de un tribunal administrativo y la materia no corresponde a su jurisdicción.

La resolución de la jueza Padilla Rosario establece el pago de RD$7,560,000.00 a Álvarez Carbuccia por concepto de liquidación de astreinte sobre una serie de bienes previamente recibidos, además de la entrega de un teléfono Samsung S3, cuyo valor de mercado ronda los RD$3,000.

Juan Francisco Álvarez Carbuccia figura como imputado en el caso donde se acusa a Hugo Beras, exdirector del Intrant, de facilitar adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y manipular la red semafórica y el sistema de videovigilancia. También está involucrado José Ángel Gómez Canaán, señalado como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange, y responsable del control de sistemas tecnológicos y el supuesto sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Según el expediente, Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria del Intrant, mientras que los demás imputados enfrentan cargos por lavado de activos, testaferrato, sabotaje de infraestructura tecnológica, manipulación de licitaciones y falsificación de documentos.