Ortiz Bosch afirma que sus declaraciones sobre el ITLA están alineadas con el informe de Ética

Milagros Ortiz Bosch, directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), aseguró este lunes que sus recientes declaraciones sobre la investigación realizada en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) no contradicen ni modifican el contenido del informe oficial elaborado por dicho organismo.

Durante su participación en el programa El Gobierno de la Tarde, transmitido por Z101, Ortiz Bosch expresó que no creía que el exrector del ITLA, Rafael Féliz García, hubiera estado implicado directamente en las irregularidades denunciadas, al tiempo que reiteró que corresponde a los órganos competentes determinar responsabilidades. Estas afirmaciones generaron cuestionamientos, pues contrastaban con el informe de la DIGEIG, que recomendó la apertura de procesos disciplinarios contra Féliz y Winston Paulino, director de Gabinete de la institución, por presuntas faltas administrativas.

Ante la controversia, la funcionaria sostuvo que sus comentarios se fundamentan en el informe de la institución y recordó que corresponde al Ministerio de Administración Pública (MAP) o a la Procuraduría General de la República establecer responsabilidades, respetando el principio de presunción de inocencia.

"Un funcionario público habla por los resultados. Mis declaraciones son apegadas a un informe, ya que juzgar es una competencia del Ministerio de la Administración Pública o la Procuraduría General y, mientras no hay juicio, siempre hay presunción de inocencia", expresó Ortiz Bosch.

La investigación de la DIGEIG no se limitó al exrector. El documento identifica a Winston Paulino como el "principal impulsor" de las prácticas investigadas y señala que este admitió ante la comisión haber sido una de las personas clave en la implementación del mecanismo, con conocimiento de la máxima autoridad del centro.

Con base en esos hallazgos, la DIGEIG recomendó remitir el expediente al Ministerio de Administración Pública para que inicie procesos disciplinarios contra Rafael Féliz García y Winston Paulino, además de adoptar medidas preventivas para evitar que hechos similares se repitan, informar a la Presidencia de la República sobre los resultados de la investigación y notificar formalmente a los implicados.

El caso salió a la luz a principios de año tras denuncias sobre presuntos descuentos salariales destinados a financiar actividades políticas dentro del ITLA. Posteriormente, el presidente Luis Abinader destituyó a Rafael Féliz mediante el Decreto 39-26, mientras la investigación administrativa continuó en la DIGEIG.