Ortiz Bosch afirma que cercanos a Féliz cobraban a empleados del ITLA, pero no lo involucra directamente

Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, confirmó que personas vinculadas al exrector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Féliz García, estaban cobrando dinero a empleados de esa institución, aunque expresó su duda sobre una posible implicación directa del exfuncionario.

Durante su intervención en el programa El Gobierno de la Tarde, transmitido por Z-101 el pasado 15 de julio, Ortiz Bosch señaló que, si bien nadie debería permitir descuentos a subalternos, ella personalmente no cree que Féliz haya estado involucrado en dichos cobros, sino que fueron realizados por personas de su entorno.

"Nadie puede permitir que se le hagan descuentos a un subalterno; yo no creo que el director estuviera implicado en eso, pero gente de su poder, de su cercanía permitía eso, y eso no se puede permitir, porque eso sería la descomposición total del sistema de administración pública"

La funcionaria enfatizó que este tipo de prácticas son inaceptables y que, de ocurrir, se deben tomar decisiones internas de forma inmediata, sin esperar ni un minuto más, incluso si involucra a personas cercanas.

El caso de Rafael Féliz surgió a raíz de un reportaje de la periodista Nuria Piera, que lo acusó de encabezar un sistema de deducciones salariales a empleados del ITLA, cuyo destino sería financiar el movimiento político Jóvenes Unidos por el Cambio, fundado por él. Como consecuencia, fue destituido de su cargo mediante el decreto 39-26 emitido por el presidente Luis Abinader en enero de este año.

Féliz había sido designado rector del ITLA el 17 de julio de 2024, por lo que su gestión duró menos de seis meses. Tras su destitución, negó cualquier vínculo con las acusaciones, afirmando en una carta pública que durante su gestión no se condicionó ningún beneficio laboral a aportes económicos ni a favor de ninguna estructura política.

Ortiz Bosch no confirmó si se había realizado una investigación formal sobre el caso, pero reiteró que este tipo de conductas vulneran los principios de ética y transparencia en la administración pública y deben ser corregidos con firmeza.