Organizaciones exigen política nacional para buscar a desaparecidos en RD

Organizaciones de derechos humanos, familiares y académicos reclamaron este domingo al Estado dominicano el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda e investigación de personas desaparecidas, así como la adopción de una política nacional que aborde tanto los casos actuales como los ocurridos durante períodos de represión política.

En una declaración difundida con motivo del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, los firmantes recordaron casos emblemáticos como el del médico Manuel Antonio Tejada Florentino, desaparecido en 1960 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo; Henry Segarra Santos, dirigente del Movimiento Popular Dominicano desaparecido en 1969; el periodista y abogado Guido Gil, desaparecido en 1967; y Narciso González, conocido como "Narcisazo", desaparecido en 1994.

Los grupos sostienen que estos casos evidencian el uso de la desaparición forzada como mecanismo de persecución política y denuncian que, décadas después, las familias aún no conocen el paradero ni el destino de sus seres queridos.

Según cifras atribuidas a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), durante los últimos ocho años se han reportado 4.171 personas desaparecidas, de las cuales 241 permanecían sin ser localizadas. Además, existen más de 2.200 casos de niños, niñas y adolescentes pendientes de resolución desde antes de 2022.

En 2025 se reportaron 1.310 desapariciones, la cifra más alta desde 2022. Entre enero y octubre de ese año se registraron 1.054 denuncias, de las cuales 232 personas continuaban ilocalizables. Los adolescentes de entre 12 y 17 años representan el 34.5 % de los reportes, con mayor concentración en Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago.

Ante este panorama, las organizaciones exigen la creación de un Registro Nacional Único de Personas Desaparecidas, con información pública y desagregada, así como la unificación de las estadísticas oficiales. También piden que las autoridades investiguen los casos con debida diligencia, incluyendo los ocurridos durante la dictadura y los períodos de represión política posteriores.

Entre sus demandas figura la aplicación efectiva de los protocolos de búsqueda desde las primeras horas de una denuncia, junto con mayores recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios para las unidades encargadas. Asimismo, solicitan asistencia psicológica, legal y económica para los familiares, el fin de prácticas institucionales que puedan revictimizarlos, y la aprobación de una ley integral de búsqueda de personas desaparecidas que aborde factores asociados como la pobreza, la deserción escolar, la violencia y la trata de personas.

La declaración sostiene que una sociedad democrática no debe normalizar la desaparición de personas ni la incertidumbre de sus familiares, y plantea que la búsqueda debe convertirse en una política de Estado para brindar respuestas tanto a las víctimas de décadas pasadas como a quienes actualmente continúan sin ser localizados.