Órdenes de arresto pendientes: ¿entregarse o esperar captura?
Autoridades advierten que las 73 personas con órdenes de arresto pendientes deben entregarse o serán capturadas. Se explica el proceso legal y derechos.
Lucía Fernández
Editora de Cultura

Las autoridades dominicanas advierten que las personas con órdenes de arresto pendientes deben entregarse voluntariamente o enfrentar su captura. El presidente Luis Abinader reiteró esta semana que los requeridos por la justicia serán buscados activamente para evitar que cometan nuevos delitos, enfatizando que "o se entregan o se buscan".
Según informó la Policía Nacional, actualmente existen 73 órdenes de arresto pendientes contra personas prófugas, y las autoridades ya han identificado el paradero de la mayoría de los requeridos. El mandatario destacó que algunos individuos acumulan múltiples órdenes, llegando a tener tres o cuatro pendientes simultáneamente.
"Tienen órdenes de arresto; a veces tienen tres y cuatro órdenes de arresto. A esa lista se va a ir a buscar. O se entregan o se buscan, y la orden que hay es que se les busque antes de que maten a otro ciudadano"
El presidente Abinader hizo estas declaraciones mientras enfatizaba la urgencia de localizar a los requeridos antes de que puedan causar más daño a la sociedad. Subrayó que la acción de las autoridades debe ajustarse estrictamente al marco legal vigente.
Procedimiento para entregarse voluntariamente
Quien tenga una orden de arresto pendiente puede ponerse a disposición de la justicia mediante varios canales. Se recomienda buscar asistencia legal para verificar la autenticidad de la orden, identificar la autoridad responsable del expediente y coordinar la presentación ante la fiscalía correspondiente o la dependencia policial encargada de su ejecución.
La Policía Nacional ha documentado casos de entregas realizadas mediante abogados, presentaciones acompañadas por familiares o representantes religiosos, e incluso mediante comunicadores, como ocurrió recientemente en el caso de Julian Oro Duro. Sin embargo, se aclara que dicho acompañamiento no sustituye la defensa legal ni determina el resultado posterior a la detención.
Para quienes no cuenten con recursos privados, la Oficina Nacional de Defensa Pública ofrece representación gratuita. Esta asistencia puede ser solicitada tanto por el requerido como por un familiar, garantizando el derecho a la defensa desde las primeras actuaciones del proceso.
Marco legal: Código Procesal Penal
El artículo 229 del Código Procesal Penal (Ley 97-25) establece las condiciones bajo las cuales un juez puede ordenar el arresto de una persona. Estas incluyen: cuando la presencia del individuo es necesaria para el proceso, existen elementos razonables que lo vinculan con una infracción y existe riesgo de fuga, ocultamiento o ausentamiento. También aplica cuando una persona no comparece después de ser citada formalmente y su presencia resulta indispensable.
Una vez ejecutado el arresto, si el Ministerio Público considera necesaria otra medida de coerción, debe solicitarla al juez dentro del plazo máximo de 48 horas. En caso de no hacerlo, corresponde disponer la libertad inmediata del detenido.
Es importante aclarar que entregarse voluntariamente no implica admisión de culpabilidad ni garantiza la libertad inmediata. El juez competente será quien determine la medida de coerción adecuada, mientras que la investigación y el proceso judicial establecerán la eventual responsabilidad por los hechos imputados.
La ley garantiza que toda persona requerida cuente con asistencia legal desde el primer acto del procedimiento. La Defensa Pública puede representar al individuo desde su presentación hasta su eventual desvinculación del sistema penal, asegurando el pleno ejercicio del derecho a la defensa durante todo el proceso.
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Lucía Fernández
Editora de Cultura
Crítica cultural y escritora. Especializada en arte, música y entretenimiento dominicano. Columnista con 10 años en medios nacionales.
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