Presidenta de Costa Rica defiende estrategia de 'mano dura' inspirada en Bukele

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, defendió este viernes su política de mano dura contra el crimen, inspirada en el enfoque implementado por su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, cuyas medidas han sido cuestionadas por presuntos abusos durante su ofensiva antipandillas.

Fernández, quien se ha mostrado entusiasta de la estrategia de seguridad de Bukele, inauguró el miércoles el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, una prisión de máxima seguridad modelada tras la megacárcel salvadoreña conocida como CECOT.

Tras su visita a El Salvador, la mandataria realizó un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), símbolo de la guerra de Bukele contra las pandillas, al que describió como un "monumento a la justicia". Durante la visita, Fernández aseguró que combatir el crimen con mano dura no implica renunciar a los derechos humanos, afirmando que su país históricamente los ha defendido y continuará haciéndolo.

En una conferencia de prensa conjunta con Bukele en San Salvador, la presidenta costarricense detalló que su estrategia incluye mayor coordinación policial, inteligencia contra el narcotráfico, vigilancia de puertos y aeropuertos, y cooperación con Estados Unidos y El Salvador. Además, elogió las reformas legales implementadas por Bukele para castigar la pertenencia a estructuras criminales y señaló que una iniciativa similar en Costa Rica está "cerca" de convertirse en ley.

Por su parte, Bukele aludió a las dificultades políticas que enfrenta Fernández para impulsar esos cambios, indicando que existe "mucha oposición" a sus propuestas de reformas legales y de colaboración entre los órganos del Estado. La presidenta costarricense criticó al Poder Judicial de su país por permitir la liberación de delincuentes, una situación que describió metafóricamente como "un elefante metido en una cristalería".

No obstante, opositores y activistas costarricenses han cuestionado que el país, reconocido internacionalmente por su tradición de respeto a los derechos humanos, adopte políticas similares a las de El Salvador. Expertos de Naciones Unidas han advertido que los abusos cometidos durante la ofensiva antipandillas en El Salvador podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

La organización salvadoreña Socorro Jurídico sostiene que una tercera parte de los aproximadamente 93,000 detenidos bajo el régimen de excepción vigente desde 2022 son inocentes y ha denunciado más de 500 muertes bajo custodia estatal. Durante su visita, Fernández también firmó un acuerdo bilateral para combatir el crimen transnacional.