Operación Cobra 2.0-A: 10 imputados admiten hechos en caso de corrupción en SeNaSa

La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó la solidez de la investigación del Ministerio Público tras presentar la solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra 26 personas arrestadas en la Operación Cobra 2.0-A, vinculadas a un esquema de corrupción administrativa que afectó al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Durante la audiencia realizada este miércoles en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Ortiz informó que 10 de los imputados han admitido los hechos que se les imputan, lo que, según afirmó, evidencia la fortaleza de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público.

"En la noche de hoy el Ministerio Público ha presentado su solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en esta operación. 10 de los imputados han admitido los hechos, han estado conteste con los hechos que el Ministerio Público les ha imputado, lo que evidencia la fortaleza de nuestras imputaciones", declaró Ortiz a periodistas tras el aplazamiento de la audiencia para este jueves 24 de septiembre de 2026.

La procuradora añadió que "la única realidad que sucederá en este proceso, al finalizar, es que el juez impondrá las medidas de coerción que ha solicitado el Ministerio Público a cada uno de los encartados", reafirmando la confianza en el caso presentado por su equipo litigante, integrado también por el procurador adjunto Wilson Camacho y otros fiscales.

Detalles de la solicitud de medida de coerción

El juez Rigoberto Sena inicialmente ordenó al Ministerio Público presentar su solicitud pasadas las 3:00 p.m. de este miércoles. Posteriormente, a las 10:00 p.m., aplazó la audiencia para el jueves 24 de septiembre de 2026 a las 2:00 p.m., tras lo cual se conoció que el Ministerio Público solicitó declarar el caso como de tramitación compleja debido a la pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, enmarcado en un presunto delito de delincuencia organizada.

Entre los imputados figura un grupo significativo de profesionales de la salud, incluyendo médicos especialistas como Ysabel Heredia Vallejo (gastroenteróloga), Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar y otros galenos mencionados en la solicitud, quienes enfrentan cargos por su presunta participación en el desvío de fondos públicos mediante cargos ficticios que redujeron el monto de los servicios a los que tenían derecho los beneficiarios de SeNaSa.

Ortiz enfatizó que "el bien jurídico protegido aquí no es monetario. El bien jurídico aquí está vinculado con el derecho fundamental a la salud", y agregó que "no se trata de dinero, no se trata de 40 millones, se trata de la lesión a un derecho fundamental, al derecho fundamental de la salud", en referencia al perjuicio causado a los pacientes del sistema de salud público.

Pruebas presentadas y equipo del Ministerio Público

El equipo litigante del Ministerio Público, además de Ortiz y Camacho, incluye al procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín, quienes presentaron un total de 483 pruebas para sustentar la solicitud de medida de coerción: 234 documentales, 91 materiales, 82 procesales y 76 periciales.

Estas pruebas fueron puestas a disposición del tribunal y las partes como fundamento de la petición de prisión preventiva por 18 meses, medida que, según el Ministerio Público, responde a la gravedad de los hechos investigados en el marco de la Operación Cobra 2.0-A.