OCDE identifica brechas en integridad y lucha anticorrupción en República Dominicana

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que, pese a los avances registrados en República Dominicana en materia de integridad pública y lucha contra la corrupción, persisten brechas normativas y problemas de implementación que limitan la efectividad del sistema. El señalamiento forma parte del Estudio de la OCDE sobre integridad en la República Dominicana, que analiza el funcionamiento de las instituciones responsables de prevenir, detectar y sancionar irregularidades en el sector público.

La OCDE reconoce que el país ha establecido un marco legal e institucional de integridad, pero considera que la coordinación entre las instituciones sigue siendo, en gran medida, informal. Por ello, plantea la necesidad de desarrollar una Estrategia Nacional de Integridad y establecer un mecanismo permanente de coordinación entre los organismos involucrados.

Debilidades en instituciones clave

Entre las principales observaciones figura la situación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), organismo central en las políticas de transparencia y anticorrupción. La OCDE señala que la entidad fue creada mediante decreto y actualmente carece de garantías legales suficientes que aseguren su independencia, por lo que recomienda reforzar institucionalmente su funcionamiento.

También propone transformar las actuales Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo en unidades especializadas y extender las políticas de integridad hacia las administraciones locales, donde actualmente su aplicación es limitada.

Deficiencias en gestión de conflictos de intereses y patrimonio

El informe indica que República Dominicana cuenta con disposiciones relacionadas con los conflictos de intereses de los servidores públicos, pero advierte que el sistema se concentra principalmente en prohibiciones y no dispone de procedimientos integrales para declarar, gestionar y mitigar esas situaciones.

La OCDE también señala que solo una proporción limitada de las declaraciones de patrimonio es verificada, y recomienda fortalecer los mecanismos de presentación, inspección y control para mejorar la efectividad de este instrumento de transparencia.

Desafíos en servicio público y transparencia

En materia de servicio público, el organismo considera que la aplicación de los códigos de integridad continúa siendo desigual y advierte sobre desafíos para garantizar que los procesos de contratación y promoción dentro de la administración pública respondan de manera consistente a criterios de mérito.

La OCDE reconoce que la transparencia y el acceso a la información pública han mejorado considerablemente en República Dominicana. Sin embargo, identifica problemas relacionados con los tiempos de respuesta, la calidad de la información divulgada, la interoperabilidad de los datos y la ausencia de un organismo independiente encargado de revisar las apelaciones.

Además, considera limitada la transparencia proactiva, debido a que varias instituciones todavía publican información principalmente como respuesta a solicitudes ciudadanas en lugar de divulgar de manera sistemática datos de interés público.

Factores sociales y mecanismos de denuncia

Otro de los aspectos señalados por el estudio es la persistencia de actitudes sociales permisivas frente a determinadas prácticas. La OCDE sostiene que la tolerancia hacia la corrupción y el clientelismo continúa extendida y profundamente arraigada, al tiempo que indica que, en promedio, menos de la mitad de la población expresa confianza en las instituciones públicas.

A partir de esa situación, recomienda reforzar la educación en integridad dentro del sistema educativo, ampliar los contenidos de Ética y Ciudadanía y desarrollar campañas nacionales de concientización.

En materia de fiscalización, el organismo identifica oportunidades para mejorar la coordinación entre la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, así como fortalecer la gestión de riesgos y el aprovechamiento de las auditorías internas por parte de los responsables de las instituciones públicas. También recomienda avanzar hacia una mayor digitalización de la Cámara de Cuentas para hacer las auditorías más oportunas, eficientes y transparentes.

Sobre las denuncias de irregularidades, la OCDE considera que los mecanismos existentes permanecen fragmentados y que la protección de los informantes es limitada. El estudio propone establecer un marco integral que garantice confidencialidad, denuncias anónimas, protección frente a represalias y procedimientos claros, además de una mayor coordinación entre los organismos encargados de investigar las violaciones a la integridad.

Recomendaciones sobre cabildeo y financiamiento político

El informe dedica especial atención al cabildeo o lobby, al señalar que República Dominicana no dispone de un marco integral que establezca reglas de transparencia para las personas y grupos que buscan influir en las decisiones públicas. La OCDE recomienda crear mediante legislación un registro obligatorio de cabildeo, definir quiénes ejercen estas actividades y establecer mecanismos independientes de supervisión y sanción.

En cuanto al financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, el organismo reconoce la existencia de un marco legal, pero advierte que persisten deficiencias en su aplicación y control, lo que requiere ajustes para garantizar mayor transparencia y equidad en los procesos electorales.