Plan Social dejó sin usar más de 1.556 millones de pesos y presenta fallas en control de compras y almacenes

El Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP) dejó sin utilizar más de 1.556 millones de pesos de su presupuesto correspondiente a los años 2023 y 2024, según una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR). Este monto representa aproximadamente el 10,1 % del presupuesto total vigente para ambos ejercicios, que ascendió a 15.360 millones 600 mil pesos.

De acuerdo con el informe de la CGR, fechado el 2 de octubre de 2025 y correspondiente al periodo del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, los recursos no ejecutados se dividieron en dos categorías: alrededor de 579 millones 500 mil pesos no fueron programados y unos 976 millones 900 mil pesos se programaron pero no se ejecutaron. La auditoría aclaró que se trata de subutilización presupuestaria, no de una pérdida de dinero acreditada.

El año 2023 concentró la mayor parte del rezago, con aproximadamente 1.491 millones 100 mil pesos sin usar, equivalente al 16,9 % de su presupuesto anual. En contraste, en 2024 el monto no utilizado fue de aproximadamente 65 millones 400 mil pesos, es decir, cerca del 1 % del presupuesto de ese año, lo que refleja una mejora relativa en la ejecución, aunque persiste la necesidad de explicar las causas del retraso inicial.

Durante el período auditado, la entidad registró contrataciones por aproximadamente 12.201 millones 700 mil pesos, distribuidas en 86 procesos y 291 contratos. Sin embargo, la Contraloría identificó falta de coherencia entre el Plan Anual de Compras y Contrataciones y el Plan Operativo Anual, ya que este último carecía de asignaciones presupuestarias detalladas por actividad, dificultando la vinculación entre los objetivos institucionales y los recursos necesarios.

Como ejemplo, se citó la partida de kits de limpieza, incluidos en los planes de compras de ambos años sin una justificación clara en el plan operativo. La auditoría recomendó aclarar su destino (uso interno o donaciones), detallar su composición y ajustar cantidades y precios unitarios cuando correspondiera.

En sentido contrario, objetivos como el fortalecimiento tecnológico y la capacitación no se reflejaban de manera explícita en partidas para programas informáticos, licencias o servicios especializados, lo que indica una desconexión bidireccional entre planificación y ejecución.

En cuanto a la gestión de inventarios, al cierre de 2024 el Plan Social registraba alrededor de 751 millones 600 mil pesos en materiales y suministros. Durante las inspecciones en almacenes internos y externos, los auditores observaron deficiencias en la separación e identificación de artículos, espacio limitado para su organización y la ausencia de un sistema contra incendios.

Además, se constató la insuficiencia de personal de seguridad en los almacenes externos ubicados en los kilómetros 22 y 24 de la autopista Duarte, dada la extensión de las instalaciones. Ante estas condiciones, la Contraloría advirtió riesgos de daños, mermas y dificultades para controlar las existencias, recomendando reparaciones urgentes en el piso del almacén de enseres del hogar y materiales de techado, mejorar el drenaje y fortalecer la identificación y organización de los suministros.

Aunque estas condiciones podrían afectar la conservación y entrega oportuna de los insumos, la auditoría no cuantificó daños ni entregas frustradas, por lo que el valor del inventario no equivale a una pérdida comprobada.

En cuanto al control interno, la evaluación del sistema registró un nivel de implementación del 91 % de las Normas Básicas de Control Interno, considerado satisfactorio. Los cinco componentes evaluados recibieron esta calificación, aunque el de actividades de control obtuvo la puntuación más baja, con un 84 %. No obstante, la entidad carecía de un sistema integrado de gestión financiera, lo que, según la Contraloría, implica riesgos de duplicidad de registros, información poco confiable y acceso no autorizado a datos.