Nuevo reglamento digital del Estado: evaluación previa y coordinación para compras tecnológicas estratégicas

El Poder Ejecutivo establece un nuevo marco para las contrataciones digitales estratégicas mediante el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado, aprobado por Decreto 714-26. Esta normativa busca optimizar las inversiones tecnológicas mediante una evaluación previa y coordinación técnica antes de iniciar los procesos de adquisición.

El Ministerio de Administración Pública (MAP) asumirá la coordinación de la evaluación de las inversiones digitales estratégicas, con el apoyo de la Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas. Entre sus funciones destacan identificar necesidades comunes entre instituciones públicas, examinar soluciones existentes reutilizables y recomendar nuevas adquisiciones solo cuando sea necesario.

Mecanismos de coordinación y reutilización

El reglamento contempla, en su artículo 12, la posibilidad de coordinar contrataciones conjuntas cuando varias instituciones presenten necesidades iguales o compatibles, siempre conforme a la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas. Este enfoque podría cambiar la forma en que se estructuran algunas oportunidades de negocio con el Estado, permitiendo atender demandas similares mediante procedimientos unificados.

Sin embargo, la norma no establece la centralización obligatoria de todas las compras tecnológicas ni la adjudicación a un único proveedor. Se mantiene el principio de competencia y se evita crear dependencias tecnológicas injustificadas que limiten la flexibilidad del Estado para cambiar de proveedor o integrar sistemas.

Requisitos técnicos y contractuales

Los artículos 13 y 14 del reglamento establecen criterios vinculantes para las adquisiciones, incluyendo competencia, transparencia, objetividad técnica, interoperabilidad, ciberseguridad y sostenibilidad de las soluciones digitales. Asimismo, se busca evitar el encierro tecnológico mediante mecanismos de portabilidad y reversibilidad técnica y contractual, que permitan recuperar o transferir datos y activos digitales al finalizar los contratos.

Las inversiones deberán considerar no solo el costo de adquisición, sino también los gastos de operación, mantenimiento, soporte, renovación y otros costos asociados a la continuidad del servicio. Esto podría requerir que los proveedores ajusten sus propuestas técnicas y condiciones contractuales a los requisitos específicos de cada procedimiento.

El reglamento no identifica empresas beneficiadas o perjudicadas, ni permite predecir cambios en el número de participantes o en la distribución de contratos. Su aplicación dependerá de las resoluciones que definan las soluciones estratégicas, los pliegos de cada proceso, los requisitos de participación y las adjudicaciones finales.

El MAP determinará anualmente mediante resolución qué bienes, servicios, plataformas, componentes y soluciones digitales se consideran estratégicos, con una revisión y actualización periódica. La coordinación técnica no sustituye las competencias legales de las instituciones contratantes ni las atribuciones de los organismos responsables de contrataciones públicas, control fiscal y transparencia.