Nuevo Código Penal exige mayor responsabilidad a constructoras

El nuevo Código Penal dominicano introduce responsabilidades penales para personas jurídicas, lo que obliga al sector construcción a reforzar sus mecanismos de prevención y cumplimiento normativo. Esta medida representa un cambio estructural en la forma en que las empresas deben gestionar riesgos legales, pasando de una postura reactiva a una preventiva.

Durante el Almuerzo Empresarial mensual de ACOPROVI, el doctor en Derecho Miguel Valerio explicó que las constructoras deberán revisar sus procesos internos y adoptar una visión preventiva frente a los riesgos penales. "No se trata únicamente de conocer la ley, sino de implementar una gestión de cumplimiento que proteja a las organizaciones, a sus directivos y a sus colaboradores", enfatizó.

Annerys Meléndez, presidenta de ACOPROVI, destacó que comprender el alcance de las nuevas disposiciones será clave para que las empresas se adapten al nuevo marco jurídico con seguridad. "Estamos comprometidos con ofrecer a nuestros asociados información oportuna y herramientas que les permitan anticiparse a los cambios regulatorios", afirmó, subrayando que el cumplimiento fortalece la gestión empresarial y promueve una cultura de responsabilidad en el sector.

El evento contó con la participación de expertos en derecho penal y compliance, incluyendo a la doctora Tania de León, especialista internacional en cumplimiento normativo; el magistrado Rafael Armstrong Báez García, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; y John Seibel, abogado especializado en Derecho de los Negocios y socio de Seibel Henríquez. Durante el panel "Nuevo Código Penal y sector construcción", analizaron los desafíos que enfrentarán las empresas en materia de responsabilidad penal, gestión de riesgos y adaptación normativa.

ACOPROVI, fundada el 13 de marzo de 1997, reafirma con esta iniciativa su compromiso de preparar al sector construcción ante los cambios regulatorios. La asociación promueve la actualización permanente, el cumplimiento normativo y la seguridad jurídica como pilares para el desarrollo sostenible de la industria de la vivienda y la construcción en República Dominicana.