Nueva York demanda plan de Trump para negar residencias a inmigrantes que reciben ayuda pública

El estado de Nueva York ha presentado una demanda federal contra la administración Trump por su propuesta de modificar las reglas de inmigración que permitirían negar la residencia permanente a inmigrantes legales que reciben ciertos beneficios públicos.

La demanda, presentada el 14 de septiembre de 2026 ante un tribunal federal de Manhattan, argumenta que el plan viola la Cláusula de Protección Igual de la Constitución y las leyes federales de inmigración existentes. Según el fiscal general de Nueva York, la medida afectaría desproporcionadamente a familias de bajos ingresos, incluyendo niños, ancianos y personas con discapacidades que dependen de programas como Medicaid, vales de alimentos o asistencia habitacional.

La propuesta de la administración Trump, anunciada meses antes, busca expandir la definición de "carga pública" para incluir beneficios como subsidios de vivienda, programas de nutrición y ciertos tipos de asistencia médica. Actualmente, solo se consideran en esa categoría el dinero en efectivo para mantenimiento institucionalizado o cuidados a largo plazo.

Los funcionarios de Nueva York estiman que más de 500,000 residentes inmigrantes en el estado podrían verse afectados si la regla entra en vigor, muchos de los cuales trabajan en sectores esenciales como la salud, la educación y los servicios.

La demanda cuenta con el apoyo de varias ciudades santuario y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, quienes advierten que el cambio generaría un efecto disuasorio que llevaría a familias a renunciar a beneficios necesarios por miedo a poner en riesgo su estatus migratorio.

El Departamento de Seguridad Nacional defendió la propuesta afirmando que busca asegurar que los inmigrantes sean autosuficientes y no dependan de los contribuyentes estadounidenses. Sin embargo, críticos señalan que la medida contradice principios históricos de acogida y podría dañar la economía al disuadir la inmigración calificada.

El caso se suma a múltiples desafíos legales similares presentados por otros estados, incluyendo California, Illinois y Massachusetts, reflejando una creciente resistencia estatal a las políticas migratorias restrictivas de la administración federal.