Nicaragua aprueba reforma para anular leyes extranjeras que afecten su soberanía

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad una enmienda constitucional que busca invalidar cualquier norma extranjera que pretenda imponerse sobre la voluntad del pueblo nicaragüense. La medida, incorporada a la iniciativa de reforma parcial a la Constitución, modifica el artículo 12 de la Carta Magna y fue anunciada oficialmente por el Legislativo durante una sesión especial realizada en el Palacio Nacional de la Cultura.

La enmienda fue adoptada en el marco del 48 aniversario del asalto al Palacio Nacional por un comando sandinista el 22 de agosto de 1978, un hecho histórico que el oficialismo conmemora como un acto de resistencia nacional. Durante la sesión, los diputados afines al gobierno señalaron que la reforma reafirma los principios de una Nicaragua Bendita, Soberana y Siempre Libre, estableciendo que ninguna legislación extranjera tendrá efecto jurídico si busca subordinar la voluntad popular.

La iniciativa surge días después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocara una reunión urgente de cancilleres para abordar la situación política en Nicaragua, tras las amenazas del presidente Daniel Ortega de suspender las elecciones generales. La convocatoria de la OEA fue respondida por la vicepresidenta Rosario Murillo, quien calificó a los opositores en el exilio con términos despectivos, acusándolos de ser "espantapájaros y triquitracas" y "cartuchos quemados y vencidos".

La reforma constitucional propuesta incluye la extensión del mandato presidencial de cinco a siete años, prorrogables, así como la exclusión de los comicios de ciudadanos desnacionalizados y considerados "traidores a la patria". Esta iniciativa fue presentada a finales de julio, nueve días después de que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, anunciara su intención de eliminar las elecciones, citando supuestos fraudes y la expulsión de figuras opositoras.

Estos movimientos han generado rechazo tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo la retirada del embajador de Panamá y críticas de organismos multilaterales. Nicaragua abandonó la OEA en 2023, y desde entonces ha enfrentado aislamiento diplomático debido a las acusaciones de erosión democrática, persecución política y violaciones a los derechos humanos.