Mujeres rurales en América Latina: clave para la seguridad alimentaria pese a brechas de género

Las mujeres rurales de América Latina y el Caribe son fundamentales para la producción de alimentos, pero su contribución sigue siendo subestimada y su situación se agrava por la desigualdad de género y el cambio climático, según un informe reciente de la FAO y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De los 60 millones de mujeres rurales en la región, el 36% participa en el sistema agroalimentario en condiciones de desventaja estructural.

Paula Moreno, coordinadora de proyectos Better Life de la FAO en Perú, destacó que si las mujeres tuvieran las mismas oportunidades productivas que los hombres a nivel global, el PIB mundial aumentaría en un billón de dólares. Esta afirmación, hecha durante una entrevista con IPS en la sede de la FAO en Lima, subraya que atender su situación no es solo una cuestión de justicia social, sino una estrategia clave para reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria.

El Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrado cada 15 de octubre desde 2008, adquiere especial relevancia en 2026, al alinearse con el Año Internacional de la Agricultora, una campaña global liderada por la FAO bajo el lema «Mujeres empoderadas, sistemas agroalimentarios transformados». Esta iniciativa busca visibilizar su liderazgo y acelerar las políticas de igualdad de género en el sector agrícola.

Aunque las mujeres rurales contribuyen con aproximadamente el 70% de los alimentos consumidos en los hogares del mundo, su trabajo suele ser no remunerado o subvalorado. Según el estudio «La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios», publicado por la FAO en 2025 para América Latina y el Caribe, casi la mitad de las mujeres que trabajan en la agricultura no recibe pago, ya que su labor se considera un apoyo familiar.

Además, existen brechas significativas en el acceso a recursos: la producción de las tierras gestionadas por mujeres es un 24% menor que la de los hombres en áreas equivalentes, debido a menor acceso a insumos, capacitación y tecnología. La propiedad de la tierra también es altamente desigual: en países como Honduras, solo el 30% de las mujeres rurales posee título de propiedad, lo que las excluye de programas de financiamiento, seguros y asistencia técnica.

Esta desigualdad se refleja en la seguridad alimentaria: existe una brecha de género del 9% en desventaja de las mujeres en la región, agravada por la sobrecarga de trabajo de cuidados. En países como Guatemala, las mujeres dedican el 22% de su día a tareas de cuidado y reproducción, frente a apenas el 3.9% de los hombres, según el mismo estudio.

El cambio climático intensifica estas vulnerabilidades. Cada evento climático afecta a las mujeres agricultoras un 3% más que a los hombres, debido a su menor acceso a seguros, financiamiento y redes de apoyo. Como explicó Paula Moreno, muchas no pueden acceder a programas de recuperación tras desastres porque carecen de títulos de propiedad: no reciben semillas ni insumos para reactivar sus medios de vida.

En el contexto de la agricultura familiar (predominante en unidades menores a dos hectáreas), problemas como la falta de titulación de tierras, asistencia técnica y financiamiento afectan desproporcionadamente a las mujeres. En Perú, por ejemplo, estas limitaciones las colocan en una situación particularmente crítica, una realidad que se extiende a gran parte de las mujeres rurales latinoamericanas.

Testimonios como el de Julia Mamani, una agricultora de la región andina, ilustran el impacto concreto: «En mi comunidad se han secado los manantiales, no hemos podido sembrar nada. En agosto tocaba la quinua pero no ha llovido. No sabemos si a fines de octubre podremos sembrar papa. Tampoco brota la alfalfa ni la avena que es para nuestros animales. La sequía, la helada nos están dejando sin cosecha». Su experiencia refleja cómo la combinación de desigualdad estructural y crisis climática pone en riesgo no solo sus livelihoods, sino también la seguridad alimentaria de sus comunidades.