Muertes en operativos de ICE reavivan debate sobre política migratoria bajo Mullin

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) enfrenta un nuevo escrutinio tras la muerte de tres personas en incidentes relacionados con operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en menos de una semana, lo que representa la primera prueba significativa para el secretario Markwayne Mullin, quien asumió el cargo tras la destitución de Kristi Noem.

Mullin llegó al DHS con la promesa de reducir la exposición mediática de la agencia y mantener un perfil más discreto, en contraste con el enfoque de alto perfil de su predecesora, quien participó personalmente en operativos migratorios y defendió públicamente las acciones de los agentes. Bajo su liderazgo, el DHS redujo los grandes operativos en ciudades estadounidenses, priorizando acciones menos visibles y alejadas de la atención mediática, e incluso comenzó a retirar el uso de almacenes como centros de detención para migrantes.

No obstante, las detenciones continuaron: a finales de junio, ICE arrestó a aproximadamente 10,000 personas en cinco días, un promedio cercano a 2,000 detenciones diarias, mientras el gobierno endurecía algunas vías legales de inmigración. El presidente Donald Trump elogió públicamente la gestión de Mullin, calificándolo como un secretario "increíble" y destacando su renuncia al Senado para liderar el DHS.

La situación cambió drásticamente durante la última semana, cuando dos personas murieron tras ser baleadas por agentes de ICE en operativos realizados en Houston y Maine, y un tercer hombre falleció en Florida al sufrir un accidente de tránsito al intentar huir de oficiales de inmigración. Hasta el momento, Mullin no ha ofrecido declaraciones públicas sobre los casos, y el DHS solo ha emitido comunicados breves tras cada incidente.

Tras el segundo tiroteo en Maine, ICE ordenó suspender temporalmente la mayoría de las detenciones de personas mientras se desplazaban en vehículos, una decisión que generó críticas entre figuras conservadoras, quienes la calificaron como una concesión a la presión política. Posteriormente, Trump defendió en redes sociales los controles vehiculares como una de las herramientas "más importantes y eficaces" de ICE, mensaje que Mullin compartió, afirmando que quienes permanezcan ilegalmente en el país serán "arrestados y deportados dondequiera que estén".

Hasta ahora no está claro si la suspensión de los controles vehiculares sigue vigente. Analistas señalan que Mullin enfrenta el desafío de mantener una imagen menos confrontativa sin alejarse de la política migratoria de la administración Trump. El exfuncional de Seguridad Nacional Tom Warrick señaló que el reto consiste en cumplir con las metas de deportación fijadas por la Casa Blanca sin deteriorar la confianza pública en las agencias federales.

Legisladores demócratas, como el representante Joaquín Castro, sostienen que el cambio de liderazgo no ha significado modificaciones sustanciales en las prácticas de ICE, aunque reconocen que Mullin tiene la capacidad de imponer mayores controles, siempre que cuente con el respaldo de la Casa Blanca. En contraste, legisladores republicanos, incluido el representante Andrew Garbarino, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, han defendido la gestión del secretario.