25 estados de EE.UU. demandan a Trump por aranceles basados en trabajo forzoso

Una coalición de 25 estados gobernados por demócratas presentó una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Manhattan, desafiando los nuevos aranceles del 10% al 12,5% impuestos por la Administración Trump a importaciones de decenas de países, incluida la República Dominicana, bajo la acusación de trabajo forzoso en cadenas de suministro globales.

Los demandantes argumentan que el gobierno excedió sus facultades al utilizar la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 como base para una medida arancelaria de alcance prácticamente global, reconstruyendo mediante otra vía legal un esquema previamente invalidado por los tribunales.

Antecedentes judiciales y contexto legal

Esta acción se suma a un historial de confrontaciones entre la Administración Trump y el poder judicial sobre su política comercial. En febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que Trump había excedido su autoridad al usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles amplios, generando una obligación de reembolso estimada en 166.000 millones de dólares a importadores afectados.

Tras esa derrota legal, la administración intentó usar la Sección 122 de la misma ley comercial para establecer un arancel temporal global del 10%, pero el Tribunal de Comercio Internacional declaró esos gravámenes ilegales, aunque su aplicación quedó suspendida durante el proceso de apelación.

Los 25 estados demandantes, liderados por Oregón, Arizona y California, sostienen que la Administración no cumplió con los procedimientos exigidos por la Sección 301, que requiere demostrar de forma específica cómo las prácticas extranjeras perjudican el comercio estadounidense, en lugar de aplicar alegaciones generales sobre trabajo forzoso para justificar una política arancelaria amplia.

Demanda paralela de empresas y implicaciones económicas

La acción de los estados no está aislada. El 24 de julio, dos pequeñas empresas estadounidenses — Burlap & Barrel y Collective Horology — presentaron una demanda similar ante el mismo tribunal, cuestionando igualmente la falta de especificidad en los vínculos entre las acusaciones de trabajo forzoso y el impacto real en el comercio de EE.UU.

Ambas acciones coinciden en un punto central: si se permite que la Administración use la Sección 301 para establecer un esquema arancelario global basado en alegaciones generales, estaría obteniendo una vía jurídica alternativa a la IEEPA para mantener gran parte de su estrategia comercial, pese a los rechazos judiciales previos.

Mientras tanto, el gobierno continúa procesando los reembolsos derivados de los aranceles anteriores, un proceso que ha generado debate sobre quién asume finalmente el costo económico: importadores, empresas, consumidores o una combinación de todos ellos, según analistas de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos.