MP inicia lectura de acusación en caso Senasa 2.0 por presunto fraude de RD$40 millones

El Ministerio Público inició la lectura de la acusación contra 26 imputados en el caso conocido como Senasa 2.0, durante la audiencia de solicitud de medida de coerción, donde el órgano acusador, liderado por Wilson Camacho, expuso ante el tribunal los hechos y elementos de prueba atribuidos a los involucrados.

La acusación, que consta de 525 páginas, detalla que, según la investigación, operó una estructura integrada por empleados y ex empleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y profesionales del sector salud, quienes presuntamente se vincularon para defraudar al Estado mediante la generación y tramitación de autorizaciones y reclamaciones médicas fraudulentas.

Según el expediente, Senasa administra los riesgos de salud de más de 7.5 millones de afiliados, y la presunta red habría utilizado información privilegiada y conocimientos sobre protocolos internos para ejecutar maniobras destinadas a sustraer recursos del Estado.

El Ministerio Público sostiene que la estructura funcionó de manera permanente y coordinada, con un entramado dedicado a la confección, validación y reporte de autorizaciones médicas falsas. Algunos involucrados habrían accedido a las bases de datos de Senasa para obtener información confidencial de afiliados y sus planes de salud.

Con esos datos, se elaboraron formularios de reclamaciones médicas a nombre de personas que no habían solicitado ni requerido los servicios. En algunos casos, se incorporaron datos personales, diagnósticos, consultas y procedimientos, además de falsificar firmas de afiliados. Posteriormente, los documentos eran firmados, sellados y se les asignaba el código correspondiente al prestador de servicios de salud para otorgar apariencia de legalidad.

Las maniobras investigadas habrían generado operaciones que, hasta el momento de la acusación, ascendían a aproximadamente RD$40 millones, con el supuesto propósito de defraudar al Estado dominicano a través del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Senasa presentó una denuncia el 28 de noviembre de 2024 tras detectar irregularidades en autorizaciones de procedimientos médicos y consultas. Según la acusación, las maniobras se habrían producido entre enero de 2021 y septiembre de 2024, período durante el cual se realizaron llamadas al centro de atención de Senasa desde números vinculados al esquema.

Desde esos números, se solicitaban autorizaciones para cirugías, consultas especializadas y otros procedimientos ambulatorios que posteriormente eran desconocidos por los afiliados a quienes supuestamente se les habían realizado.

El expediente describe una supuesta división de roles dentro de la estructura. Entre los imputados mencionados figuran Ángel Luis Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino y Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, además de otros ex empleados bajo investigación.

Según la acusación, empleados internos de Senasa habrían utilizado su acceso a las bases de datos para obtener información de afiliados y facilitarla a médicos involucrados en el esquema, quienes utilizaban esos datos para elaborar formularios de reclamaciones con diagnósticos y procedimientos no solicitados ni realizados.

También se menciona la utilización reiterada de nombres ficticios, como Pedro Martínez, Ángel Beltré y Amauris Gutiérrez, para ocultar la identidad de quienes realizaban las llamadas al centro de atención de Senasa.

Entre las evidencias presentadas figuran análisis de movimientos bancarios. En el caso de Angeury Guzmán Vásquez, la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) registró ingresos laborales por RD$4,389,381.06 entre 2020 y 2025, los cuales el Ministerio Público plantea que deben ser contrastados con el análisis financiero del imputado.

El documento también detalla transferencias bancarias, incluyendo un monto total de RD$170,500 transferidos desde la cuenta de Angeury Guzmán Vásquez a su hermano, Ángel Luis Guzmán Vásquez.

La acusación involucra a 26 personas en total, todas vinculadas al presunto esquema de fraude contra Senasa y el Estado dominicano.