Ministerio de Trabajo no puede confirmar cuántas agencias de domésticas están autorizadas

El Ministerio de Trabajo de República Dominicana no dispone de un registro actualizado ni verificable de las agencias privadas de colocación de empleadas domésticas autorizadas para operar legalmente en el país, pese a que la normativa que las regula existe desde 2004. Esta ausencia de datos oficiales impide conocer cuántas de estas intermediaciones cumplen con los requisitos formales, dejando un vacío de fiscalización en un sector altamente informal.

La información fue obtenida mediante un pedido de Libre Acceso a la Información Pública realizado al Ministerio de Trabajo, cuyo Observatorio del Mercado Laboral Dominicano respondió que, aunque el registro de agencias corresponde al Viceministerio de Empleo y se gestiona mediante los sistemas SIRLA y "Empléateya", no es posible extraer un listado específico de agencias de colocación doméstica, ya que la clasificación por actividad económica no permite desagregar esos datos con precisión.

Desde julio de 2021 hasta agosto de 2026, no se registró ninguna sanción ni acta de infracción contra agencias que colocan trabajadoras del hogar, lo que refleja una ausencia de mecanismos de control efectivos. Además, no existe un protocolo específico para fiscalizar la intermediación realizada mediante redes sociales o plataformas digitales, ni un clasificador administrativo que separe las denuncias contra estas agencias en los sistemas de inspección y mediación laboral.

Según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del Banco Central, en el primer trimestre de 2026 había 276.240 personas ocupadas en el servicio doméstico en el país, de las cuales solo 10.434 estaban afiliadas a la seguridad social, es decir, menos del 4%. Este bajo nivel de formalidad contrasta con la importancia del sector: representa el 8.8% de todas las mujeres ocupadas en República Dominicana, frente a apenas el 0.4% de los hombres, convirtiéndolo en uno de los principales empleadores femeninos del país.

Un estudio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de 2022, basado en datos de 2021, reveló que el 94% de las trabajadoras domésticas operaba bajo contrato verbal, con un ingreso promedio de RD$8.415 mensuales y los niveles más altos de pobreza monetaria entre todas las ramas económicas. Ante este contexto, en mayo de 2025 se aumentó el salario mínimo del sector en un 30%, pasando de RD$10.000 a RD$13.000 mensuales, aunque diversas agencias consultadas reportan pagar cifras superiores.

El vacío institucional también se evidencia en la falta de indicadores que midan cuántas trabajadoras acceden al empleo mediante agencias autorizadas frente a canales informales. Aunque el Ministerio de Trabajo justifica la situación señalando una "tasa de informalidad estructural superior a la media de la economía", la realidad es que, tras más de cinco años sin sanciones ni registros claros, el sector opera en una zona gris donde la regulación existe en papel, pero no en la práctica.

Además, aunque República Dominicana ratificó en 2015 el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para trabajadores domésticos —que obliga al Estado a regular las agencias de colocación, investigar denuncias y prevenir abusos—, la implementación de sus disposiciones, particularmente en lo referente a la fiscalización de intermediadores privados, permanece incompleta.