Ministerio Público solicita juicio contra fiscal por soborno de US$10,000

El Ministerio Público de la República Dominicana presentó formalmente la acusación y solicitó la apertura a juicio contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien está procesado por solicitar un soborno de US$10,000 a una persona bajo investigación en un caso de corrupción administrativa vinculado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

La acusación fue depositada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional por el equipo del Ministerio Público liderado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso Gómez, el procurador adjunto Wilson Manuel Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, de la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales.

El órgano acusador solicitó fijar la audiencia preliminar para conocer el acto conclusivo de acusación y solicitud de auto de apertura a juicio, además de pedir la admisión total de la acusación y todos sus elementos de prueba, considerados útiles, relevantes y pertinentes conforme a los requisitos legales.

Asimismo, se solicitó mantener la medida de coerción impuesta mediante la Resolución Penal núm. 027-2026-SMDC-00001, así como todas las medidas cautelares sobre los bienes del acusado.

Aurelio Valdez Alcántara formaba parte del equipo de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) cuando ocurrieron los hechos, dentro de la investigación iniciada a mediados de 2024 contra un entramado de corrupción que desfalcó miles de millones de pesos al SeNaSa.

Según el expediente, en diciembre del año pasado, tras interrogar a la persona bajo investigación, Valdez Alcántara le solicitó su número de teléfono y le envió un mensaje por WhatsApp. Posteriormente, mediante acciones intimidatorias, le propuso ayudarlo a cambio de 200,000 dólares, cantidad que redujo a 150,000 dólares, mostrando interés en un reloj Rolex y exigiendo un automóvil Mercedes Benz.

Finalmente, acordaron la entrega de US$10,000 en marzo de este año, tras lo cual se ejecutó una orden de arresto. El fiscal fue sometido a justicia y, en mayo, se le impuso prisión preventiva por tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Esta medida fue ratificada en julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que fijó la revisión obligatoria para el próximo 3 de septiembre.

El Ministerio Público acusa a Valdez Alcántara de incurrir en conducta típica prevista en los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano, así como en los artículos 2, numeral 11, literales k, n y o; 3, 4 y 9, numerales 1, 15 y 16 de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.