Ministerio Público investiga siete maniobras fraudulentas en caso Senasa 2.0

El Ministerio Público sostiene que el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) involucró múltiples maniobras ilícitas que van más allá de irregularidades administrativas, incluyendo sobornos, doble facturación, cobros por servicios no entregados y uso de sellos médicos falsos, según las imputaciones formuladas en el marco de una investigación por corrupción administrativa, desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Una de las prácticas bajo investigación es la doble facturación de servicios médicos a Senasa, mediante la cual se habrían facturado prestaciones inexistentes o incompletas a través de entidades relacionadas, afectando tanto los recursos de la administradora pública como la atención a pacientes vulnerables. Esta maniobra se vincula además con la alteración de indicaciones clínicas y el cobro por medicamentos que, según el expediente, no fueron suministrados a los beneficiarios.

Otra línea de investigación se centra en el cobro a Senasa por servicios y medicamentos que no fueron entregados, particularmente en el contexto del Instituto Oncológico Regional del Cibao. El Ministerio Público afirma que parte del dinero fue sustraído mediante este mecanismo, aprovechando estructuras vinculadas para facturar prestaciones falsas o parciales.

La investigación también incluye presuntas adulteraciones de estados financieros como medio para ocultar operaciones fraudulentas y movimientos de fondos dentro de la estructura investigada. Asimismo, se señala el uso de programas especiales sin sustento jurídico, que habrían sido empleados para desviar dinero público mediante operaciones que aparentaban tener respaldo institucional.

En el ámbito del manejo de medicamentos, se investiga la venta de medicamentos donados, la restricción a donaciones gratuitas, la entrega incompleta de tratamientos y el contrabando mediante exoneraciones fiscales, incluyendo el tráfico de sustancias controladas. Estas prácticas forman parte de la Operación Onco14, vinculada al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao.

Se examina además la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que, según la investigación, no correspondían al personal de las entidades involucradas. Estos pagos, junto con gastos de representación considerados ilegítimos y reembolsos fraudulentos por viajes y hoteles, habrían permitido extraer recursos mediante desembolsos administrativos sin justificación.

El Ministerio Público también señala que habitaciones del Instituto Oncológico Regional del Cibao fueron utilizadas para realizar cirugías estéticas, desviando instalaciones destinadas a pacientes con cáncer hacia procedimientos ajenos a su función principal, dentro de un esquema que incluyó facturación irregular y manejo indebido de medicamentos.

Finalmente, la investigación incorpora denuncias de sabotaje digital y robo de archivos, aunque el órgano acusador no ofrece detalles técnicos sobre su ejecución. Estas conductas se incluyen dentro de las prácticas investigadas, junto con acusaciones de lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos, lo que refleja la amplitud del esquema bajo indagación.