Ministerio Público acusa a fiscal por soborno de US$10,000 en caso SeNaSa

El Ministerio Público de la República Dominicana presentó una acusación formal contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara por el presunto delito de soborno, tras recibir US$10,000 en una entrega controlada durante una investigación relacionada con el desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Según la acusación depositada ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Valdez Alcántara, quien al momento de los hechos formaba parte del equipo de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitó explícitamente un soborno a una persona bajo investigación, inicialmente por US$200,000, luego reducido a US$150,000, y finalmente acordó la entrega de US$10,000 en marzo de 2025.

El órgano acusador, representado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso Gómez, el procurador adjunto Wilson Manuel Camacho y el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, solicitó la apertura a juicio y la admisión total de los elementos de prueba presentados, considerados útiles, relevantes y pertinentes conforme a la ley.

Además, se pidió mantener la medida de coerción impuesta mediante la Resolución Penal núm. 027-2026-SMDC-00001, así como las medidas cautelares sobre los bienes del acusado, quien permanece en prisión preventiva desde mayo de 2025 en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal, con revisión obligatoria fijada para el 3 de septiembre de 2025 por la Tercera Sala de la Cámara Penal.

El expediente indica que Valdez Alcántara participó en la investigación iniciada a mediados de 2024 contra una red de corrupción administrativa que desfalcó miles de millones de pesos al SeNaSa. Tras un interrogatorio en diciembre de 2024, el fiscal solicitó el número de teléfono del investigado y le envió un mensaje por WhatsApp, iniciando una serie de acciones intimidatorias que culminaron en la propuesta de soborno y la posterior entrega controlada.

La acusación establece que el fiscal incurrió en violación de los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano, así como de los artículos 2, 3, 4 y 9 de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, específicamente en los numerales y literales señalados por la Procuraduría.