Médicos acusados de fraude en SeNaSa 2.0-A: usaron datos de afiliados para facturar servicios no prestados

La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) ha señalado a varios médicos por su presunta participación en el caso SeNaSa 2.0-A, una estructura criminal que habría utilizado datos personales de afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para presentar reclamaciones médicas falsas y obtener desembolsos indebidos del sistema de seguridad social dominicano.

Según la orden de arresto emitida por el Ministerio Público, se remitieron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) formularios de reclamaciones médicas presuntamente firmados por afiliados, con el fin de realizar peritajes caligráficos. Los resultados de estas experticias determinaron que varias de las firmas no corresponden a las de los titulares, lo que respalda la hipótesis de suplantación de identidad.

Entre los profesionales de la salud mencionados en la investigación figuran Adrián Hernández López, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borrome Valdez, Wellington Aristides Ledesma Cáceres, Yocaira Antonia Méndez Beltré de Medina, Steven Alexander Rabssa Fernández y Eulalia Fiordaliza Castro López, entre otros actualmente bajo investigación.

El Ministerio Público sostiene que estos médicos actuaron en asociación ilícita con Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien se encuentra encarcelado por su implicación en la primera fase del caso SeNaSa, desmantelada mediante la Operación Cobra. Según la acusación, juntos estructuraron y ejecutaron un esquema coordinado de estafa que generó un perjuicio económico significativo al sistema dominicano de seguridad social y afectó gravemente la confianza pública en el ejercicio de la medicina.

Para cometer el fraude, los implicados seleccionaban estratégicamente afiliados con bajo historial de interacción institucional, minimizando el riesgo de detección. A nombre de estos usuarios, solicitaban autorizaciones mediante el Call Center de SeNaSa y, una vez obtenidas, presentaban facturaciones respaldadas por documentación que el Ministerio Público califica de falsificada. El proceso culminaba con el desembolso de fondos públicos por servicios que, según la investigación, los afiliados nunca requirieron ni recibieron.

Además, se alega que parte de las ganancias obtenidas era retornada a Ángel Luis Guzmán Vásquez y su red. El caso también señala que un grupo de afiliados del ARS SeNaSa fue perjudicado directamente, incluyendo situaciones en las que el doctor Adrián H. López figura en reclamaciones pese a que los afiliados afirman no haber recibido ningún servicio de su parte.

El expediente revela múltiples transacciones financieras entre los médicos investigados y Guzmán Vásquez. Asimismo, se destaca el vínculo entre la doctora Griselda Basora y el imputado, respaldado por movimientos financieros y reclamaciones atribuidas a su nombre.

El Ministerio Público ha entrevistado a un número significativo de afiliados, quienes han declarado de manera categórica que no recibieron los servicios médicos que aparecen en los formularios a sus nombres. Muchos afirmaron no conocer a los médicos que firman los documentos ni los diagnósticos plasmados en ellos.

Los declarantes también señalaron que nunca visitaron los centros médicos o consultorios donde se registraron las autorizaciones, y en varios casos demostraron que, en las fechas y horas en que se reportaron procedimientos quirúrgicos o consultas especializadas, se encontraban trabajando, en sus hogares, fuera de la ciudad o incluso fuera del país, lo que hace imposible su presencia en los establecimientos de salud.

Además, expresaron desconocer totalmente la existencia y ubicación de los centros de salud donde supuestamente recibieron atención, descartando cualquier posibilidad de haber asistido a los procedimientos registrados a sus nombres.