Médica vinculada a muerte de paciente y a investigación por fraude en Senasa

Griselda Basora Ramírez, médica especializada en ginecología y obstetricia con aproximadamente 45 años de ejercicio profesional, se encuentra en el centro de dos investigaciones distintas que han generado atención pública en la República Dominicana.

El primer caso se remonta a julio de 2026, cuando Rebeca Brizard, una mujer de 27 años, falleció tras someterse a un procedimiento estético en la Clínica de Obesidad y Antienvejecimiento Dra. Griselda Basora, ubicada en Alma Rosa I, Santo Domingo Este. Las autoridades determinaron que la intervención fue realizada por Emanuel Hernández, quien no poseía título médico ni acreditación para practicar cirugías y trabajaba como barbero.

Según las investigaciones, Hernández habría realizado al menos otros dos procedimientos en el mismo establecimiento previamente, información que Basora habría comunicado a las autoridades sanitarias. El centro funcionaba sin la habilitación correspondiente para realizar procedimientos quirúrgicos, pese a ofrecer tratamientos estéticos y masajes en su fachada. Tras el fallecimiento de Brizard, la clínica fue inspeccionada, detectándose irregularidades, y posteriormente clausurada por Salud Pública.

Hernández salió del país con destino a Colombia poco después del incidente, mientras la familia de la víctima presentó una querella. Basora fue entrevistada por las autoridades en su condición de propietaria y directora médica del centro.

El segundo caso surge en septiembre de 2026, cuando el nombre de Basora apareció vinculado a la Operación Cobra 2.0-A, parte de la investigación conocida como Senasa 2.0. El Ministerio Público la incluye formalmente entre los 26 imputados por un presunto esquema de fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

En este proceso, se investigan reclamaciones médicas asociadas a pacientes que habrían negado haber recibido ciertos servicios, junto con movimientos financieros y otras evidencias consideradas relevantes por el órgano persecutor. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo.

Basora también figura como propietaria y directora médica del Centro Médico Universal, institución que, tras conocerse su vinculación con Senasa 2.0, aclaró públicamente que cualquier actuación realizada por la doctora fuera del ámbito del centro no compromete su responsabilidad institucional.

Ambos procesos colocan el foco en aspectos críticos de la prestación de servicios de salud: por un lado, la verificación de habilitaciones de establecimientos y la supervisión de quiénes están autorizados para realizar procedimientos médicos; por otro, la integridad en la facturación y prestación de servicios vinculados a seguros sociales.