Matrícula de estudiantes con necesidades educativas específicas crece un 37% pero la inclusión avanza lentamente

El número de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo en el país ha aumentado un 37%, pasando de 15.759 en el año escolar 2023-2024 a 21.626 en 2025, según datos del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación (MINERD). Este crecimiento refleja una demanda cada vez mayor de servicios educativos inclusivos, pero también pone en evidencia los desafíos estructurales que enfrenta el sistema para garantizar el acceso, la permanencia y la participación efectiva de estos estudiantes.

Actualmente existen 59 centros y estancias de educación especial del sector público, distribuidos en 35 escuelas de educación especial y 23 centros destinados a alumnos sordos. Sin embargo, muchas familias denuncian dificultades para inscribir a sus hijos, pese a que las normas del MINERD establecen que los centros educativos deben garantizar el acceso, la permanencia, la participación y la promoción sin discriminación ni exclusión.

Un caso emblemático es el de Ana (nombre ficticio para proteger su identidad), madre de un estudiante del Centro Educativo San Benito, perteneciente al Distrito Educativo 15-04. Según relató, tras identificar que su hijo presenta déficit de atención y realizar los estudios correspondientes, el centro le solicitó retirar los documentos del menor, efectivamente excluyéndolo del plantel. Aunque ella pidió a las autoridades que permitieran su continuidad en el aula, su solicitud permanece sin respuesta.

Otro obstáculo crítico es la sobrepoblación en las aulas. José Luis García, presidente de la seccional de la Zona Norte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), advirtió que algunos centros públicos albergan hasta 45 estudiantes por aula, lo que dificulta que los docentes brinden la atención individualizada necesaria a alumnos con requerimientos específicos sin descuidar al resto del grupo.

Esta situación persiste pese a la vigencia de la Ordenanza 05-2024, que obliga tanto a centros públicos como privados a disponer de plazas y apoyos adecuados para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. García señaló que, en la práctica, muchas familias continúan enfrentando trabas: tras presentar evaluaciones y documentación requerida, reciben indicaciones de buscar otro centro o simplemente no logran conseguir la inscripción.

En el sector privado, algunas instituciones argumentan que carecen de los recursos pedagógicos y docentes necesarios para atender adecuadamente a estos estudiantes, lo que limita aún más las opciones disponibles para las familias que buscan una educación inclusiva de calidad.

El aumento sostenido de la matrícula en este segmento estudiantil plantea una presión creciente sobre el sistema educativo nacional. Expertos coinciden en que es urgente acelerar la creación de condiciones reales de inclusión: desde la formación docente especializada y la reducción de ratios estudiante-docente, hasta la provisión de materiales adaptados y espacios físicos accesibles.

Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil y gremios docentes insisten en que el cumplimiento efectivo de las normativas existentes no puede depender de la buena voluntad de individualidades, sino de mecanismos de monitoreo, sanción y apoyo técnico que garanticen que el derecho a una educación inclusiva se haga realidad para todos los niños, niñas y jóvenes del país.