Más del 65% de privados de libertad en RD están en prisión preventiva y cárceles superan 142% de capacidad

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) presentó el Informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025 en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia, revelando un escenario crítico en el sistema penitenciario dominicano. El documento, liderado por su director Rodolfo Valentín Santos, destaca como principales desafíos el aumento sostenido de la prisión preventiva y el persistente hacinamiento en los centros de reclusión del país.

Al cierre de 2025, la población penitenciaria nacional ascendía a 23.270 personas privadas de libertad, de las cuales 15.025 permanecían bajo prisión preventiva, equivalente al 64.57% del total. En contraste, 8.156 internos (35.43%) cumplían condenas definitivas. Esta proporción representa uno de los niveles más altos de uso de prisión preventiva en los últimos años, contrarrestando su carácter excepcional establecido por la ley.

El hacinamiento carcelario alcanzó niveles alarmantes: la capacidad instalada del sistema penitenciario es de 16.357 plazas, mientras que la población recluida supera esa cifra en 6.913 personas, lo que representa una ocupación del 142.26%. En términos prácticos, las cárceles albergan un 42.26% más de personas de las que están diseñadas para recibir, situación que obliga a muchos internos a dormir en el suelo, pasillos, debajo de camarotes o en estructuras improvisadas conocidas como “goletas”.

La composición de la población penitenciaria muestra una marcada predominancia masculina: 22.563 hombres (96.96%) y solo 707 mujeres (3.04%). La ONDP señaló que, aunque minoría, las mujeres privadas de libertad requieren políticas diferenciadas conforme a las Reglas de Bangkok, al igual que los adolescentes en conflicto con la ley penal, quienes deben ser atendidos según las Reglas de Beijing.

El informe documenta múltiples deficiencias estructurales y operativas: falta de medicamentos y equipos médicos, limitaciones en la atención de salud mental, carencias alimentarias, escasez de vehículos para traslados judiciales y hospitalarios, y condiciones insalubres en centros como la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, donde se identificaron problemas de humedad, deterioro estructural y presencia de plagas.

No obstante, se reconocieron avances significativos: el cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, el traslado gradual de internos al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, la construcción de nuevos centros penitenciarios, el fortalecimiento de programas educativos y de capacitación, y las gestiones para crear un nuevo centro especializado para adolescentes en La Vega, destinado a garantizar protección integral y mejores condiciones de atención.